jueves, 20 de octubre de 2011

Donde conseguir tu camiseta y bonos para el Festival



En Montevideo:

• Sindicatos

Centro/Cordón/Ciudad Vieja:

• Radio CX 30
• Serpaj (lunes, miércoles y viernes de 14 hs a 18 hs) Joaquín 1642 Requena
• Crysol
• Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales
• Haedo casi Republica. Salón

La Blanqueada

• El Tartamudo Bar – Avda. 8 de Octubre 2545 esq. Berro

Sayago:

• Supermercado “Los Amigos del Sabor” (Coronel Raíz y Pantanoso)
• Eduardo: 095060055 (después de las 15)

Canelones:

• Librería Frida - Las Piedras
• Librería El Altillo - Lagomar 26826434 / 26828952

Paysandú:

• Aute: Sarandi 930
• AEBU: Zorrilla 826
• SOEN: Batlle Berres 1413
• 099597356 (Mela Gadea)

Festival.familiares@gmail.com

jueves, 13 de octubre de 2011

Luis Pérez Aguirre: Vigencia de su pensamiento, perdón y derechos humanos

Palabras de: Emilia M Carlevaro, Mesa Redonda (IDM, Salón Dorado, miércoles 5 de octubre 2011, 20h.)

En nombre de Familiares quiero reconocer y celebrar que la editorial Trilce y la Red de amigos de LPA hagan el esfuerzo de juntarnos para reflexionar sobre temas tan actuales. Familiares, organización con la que contribuyo desde hace tiempo me honró delegándome su presencia en esta Mesa y yo quiero eximir a Familiares de todos los errores que pueda cometer en su transcurso.

Hechas las aclaraciones, voy a hacer las acotaciones. El pensamiento de Perico en materia de DDHH, es vasto y profundo. Está fundado en un conocimiento hondo de la teoría y en una práctica de compromiso cotidiano por su construcción. Un análisis exhaustivo exigiría herramientas jurídicas, filosóficas, sociológicas, teológicas que no están en mi caja de instrumentos. Sí está en mi la comprensión de los derechos humanos como “un camino abierto, a recorrer viviéndolo, en la que personas y pueblos van planteando – producto de sus realidades, tanto de existencia como de conciencia- nuevas metas” . Como una parte esencial de nuestra cultura. Entonces si estamos acá es porque Perico es el Perico de sus múltiples escritos y conferencias nacionales e internacionales y es también el Perico de La Huella y su permanente deambular alentando, ayudando a los que sufren, compartiendo sus dolores y luchas, sus derrotas y sus esperanzas, sus claridades y sus oscuridades. Es el Perico de la teoría y el de la praxis.

Esta convicción de Perico en la indivisibilidad de los derechos humanos y en la necesidad de vivirlos como sociedad, del compromiso y la solidaridad tiene una vigencia extraordinaria en esta sociedad nuestra y en las sociedades latinoamericanas que exigen una transformación que las centre en las personas, en su humanización.

Estamos atravesados por serios problemas en este campo y ojalá pudiéramos reunirnos para reflexionar sobre múltiples cuestiones de este Uruguay fragmentado. Pero los organizadores, correctamente, saben que eso es inabarcable en esta instancia y acotaron el tema al perdón y nos orientaron con un texto disparador. Además yo hoy estoy acá por un organismo que, en su humildad y heterogeneidad, se ocupa específicamente –sin olvidar lo demás- de la desaparición forzada de personas y razonablemente se espera que me refiera a ese punto, salvando antes el reconocimiento de la unidad (no el antagonismo) de los distintos aspectos de los derechos humanos.

Subrayo esto porque últimamente se han oído voces “antagonizadoras”, que han planteado que la necesidad de atender las urgencias de los más desposeídos de alguna manera nos impondría el abandono de hechos del pasado. Es decir, hacen variaciones con distinto texto y melodía sobre el mismo tema, aquél que todos conocimos hasta el hartazgo, y que nos refería a “los ojos en la nuca”. Pero, el nuevo texto es peor porque se plantea concretamente el antagonismo entre las necesidades de los oprimidos y postergados de hoy y las necesidades de una sociedad herida por albergar en su seno luchas y luchadores contra la injusticia y la opresión. Entonces, divorciadas ambas cosas, ¿qué hacemos con estos crímenes que nos inflingió la dictadura, si tenemos que atender a esta urgencia social? Los perdonamos… Y aquí debería decir, para usar una expresión de Perico, la mala conciencia, los obliga a desvirtuar las palabras, porque en realidad debería haberse dicho “los olvidamos”. Perdonar… ¿de qué, a quién de cada qué, a los criminales, a las instituciones?, ¿Quién perdona? No se sabe. El perdón genérico, el perdón tipo cheque en blanco, el perdón que Perico califica como “epidérmico y artificial” no existe más que como una forma hipócrita de designar al olvido.

Dice Perico “Triste sería conservar para siempre en nuestra memoria colectiva el hecho fatal de que nos hemos convertido en pueblos pusilánimes doblegados por abyectas amenazas de algunos militares que obligan a olvidar y dejar impunes a los criminales. Sería insoportable convivir para siempre con la propia vergüenza y la dignidad perdidas. La paz, que siempre es fruto de la justicia restablecida, se volvería una ilusión inalcanzable y nostalgiosa.
Y aquí aparece el rol clave de la memoria colectiva. No para juzgar, pues para eso están los jueces y el ordenamiento constitucional, sino para amparar este presente que no puede gestarse sin memoria inmediata”.
Y en otro escrito “olvidar los crímenes pasados se convertiría en un nuevo crimen contra el género humano” .

Me detengo en estas expresiones que hemos escuchado porque no son “cuentas de colores” excepcionales ni aisladas. Desde el comienzo del período post dictatorial se han sucedido permanentemente –con las honrosas excepciones que todos conocemos- desde las dirigencias políticas discursos en los que se negaban o minimizaban los crímenes de lesa humanidad; los que interpretaban a la luz de la teoría de los dos demonios; los que banalizan el mal; los que encubren criminales y los que derraman “perdones”. Ellos han sido moneda corriente en el tratamiento del tema. Y todo esto, que es siempre grave, es más grave en una sociedad con problemas de integración social como la nuestra y –por suerte- con deseos de transformación. Así se han descontextualizado los crímenes dictatoriales y se ha logrado esfumar el sentido último de las dictaduras de la Doctrina de Seguridad Nacional. Se ha logrado separarlas de su determinación de imponer un modelo socioeconómico que conlleva la injusticia social y que requiere para ello, la obnubilación de la consciencia de la gente, la paralización de su movilización, la minimización de sus capacidades críticas, propositivas y organizativas, su alienación en el día a día, la enajenación de su historia y de sus verdaderos cauces liberadores.

Algunos dirán que estas cuestiones son cosas del pasado. Sí, en nuestro país los crímenes de Estado ocurrieron en el pasado, pero en el mundo, ni en América Latina se han desterrado. Miremos lo que pasa, escuchemos las noticias. Esto no lo digo por alarmar ni confundir sino que lo digo porque los pueblos tenemos que conocer nuestra historia y todo intento de desvirtuarla no sólo nos priva de las enseñanzas útiles para desarrollarnos humanamente, para afianzar principios y sensibilidades, sino de las páginas que nos sirven para prevenirnos. Entonces la memoria, que hace a la historia, es una condición para la lucidez del presente, para la prevención de los errores y de los horrores.

Escribe Perico “No seremos constructores de unidad mientras no logremos una nueva relación con quienes padecen injustamente la desaparición forzada y la impunidad de sus verdugos…. Sólo así llegaremos a un nuevo tipo de solidaridad, de confianza mutua entre víctimas sufrientes y ciudadanos dispuestos a no banalizar nunca más el dolor que queda atenazado en la impunidad por razones de Estado o de “instituciones políticas salvadas”. Si la grandeza de esas instituciones consiste en que pueden custodiar y transmitir el recuerdo de los acontecimientos históricos, su miseria, por el contrario, consiste en los recuerdos que ellas relegan selectivamente al olvido…. Y allí están los monumentos, las celebraciones patrias junto a los silencios vergonzantes, la historia oficial junto a la oculta… Es claro que más allá de un elemental reclamo de justicia por parte de las víctimas, está la obligación que todos tenemos de impedir por todos los medios que vuelva a suceder lo que ocurrió. La memoria de los detenidos desaparecidos debe mantenerse viva en el pueblo, es vital si queremos neutralizar los efectos de la impunidad en su maldad más dañina. ¡Pero cuidado!, porque los verdugos buscarán por todos los medios impedir que se puedan hacer explícitas las razones que tiene ese pueblo para no olvidar lo que pasó. Ello está vinculado con la imperiosa necesidad que tienen los de mala conciencia de que no se mire atrás…. Una conclusión es esencial: no se recuerda, no se juzga el pasado sólo para castigar o condenar, sino para aprender… Lo vivido no debe ir a alojarse en algún lugar recóndito de la memoria. Se debe integrar al alma del pueblo afectado y hacer parte de su ser para siempre.”

A esta altura, por lo menos los adultos deberíamos saber que, por suerte, la historia no comienza ni termina con nosotros, ni aún cuando nos muramos. Así que si sinceramente queremos que la sociedad crezca en principios, en conciencia, sensibilidad y participación, mejor sería que nos dedicáramos a reforzar las tareas de investigación de la historia reciente, que ayudáramos a que la verdad que nos niegan los verdugos y sus instituciones, saliera a luz para integrar la historia sí y para insumo presente de acciones judiciales.

Otra de las “cuentas de colores” que se lanzó sobre la sociedad fue, en ocasión del fallo de la Corte Interamericana, la de la “intromisión” de tribunales internacionales. La molestia deriva porque de alguna manera se erosiona o se lesiona la soberanía. Cuesta creer que en el S XXI alguien de buena fe lance tal afirmación.

Los Estados, que son los autores de estos crímenes, salvo que hagan un cambio radical en su dirección, suelen investigarlos y juzgarlos por la presión de sectores de la sociedad civil, por presiones desde el exterior. Lo que pase en cualquier lugar del mundo con los derechos inalienables de las personas no puede quedar sólo librado a la voluntad de los Estados, aunque ellos tienen el deber de ser sus promotores y custodios. La historia es reiterativa en demostrar cómo ellos se desentienden de sus responsabilidades en los hechos o los sesgan. Todos somos partícipes de cuánto debe la sociedad civil trabajar desde fuera de las estructuras gubernamentales para denunciar e investigar los atropellos de los Estados que violan los derechos de las personas y las comunidades. Todos sabemos la importancia de la solidaridad internacional. ¿Qué debemos hacer las personas cuándo se avasalla a nuestros semejantes? ¿Debemos desentendernos porque los hechos ocurren en otro país o contra personas de otra nacionalidad? ¿Debemos ser indiferentes u omisos? No es menor el papel de defensa de los DDHH que les cabe a las sociedades, a las organizaciones no-gubernamentales generadas a tales efectos. El derecho internacional ha ido avanzando a su ritmo en incorporar y legislar la participación civil, no-gubernamental, en la función de alegar y demostrar la culpabilidad de los Estados, de controlarlos y últimamente, incluso de las personas concretas dentro de los Estados. Obviamente esto no implica que cualquiera pueda hacer cualquier cosa, sino establecer los canales y los instrumentos para que los pueblos y personas puedan defenderse cuando los Estados los avasallan.
Por supuesto que también pueden actuar otros Estados y son muchas las posibilidades que tienen para hacerlo. Simplemente se quiere dar una garantía más a la humanidad porque también todos sabemos que los Estados suelen prescindir del tema cuando no conviene a sus intereses y que –como los personajes más pedestres - suelen pensar “hoy por ti, mañana por mí”, mientras públicamente se escudan en el derecho de no intervención.
Nuestro país debe reconocer la enorme solidaridad internacional que recibió en las épocas de la dictadura en lugar de refunfuñar con estúpidos argumentos de soberanía nacional. También en este punto quiero traer a Perico: (refiriéndose al derecho de no injerencia y al derecho solidario de injerencia) “Y esto por la sencilla razón de que existe un derecho de solidaridad de los seres humanos entre sí en cuanto humanos que está más allá de las fronteras de los Estados. El derecho humano forma una unidad en la humanidad que es anterior a los Estados. Cada uno de nosotros, como seres humanos, estamos solidariamente unidos a este nivel. A nadie se le debe escapar el hecho de que la eficacia de la acción contra la violación de los derechos humanos reposa en última instancia, en una opinión pública mundial informada y sensibilizada sobre ellos. Si cada uno, individual y colectivamente, comienza a tomar sus propias responsabilidades y a considerar seriamente el derecho de injerencia en este campo, los Estados estarán más atentos a sus obligaciones y mejor controlados. En este sentido, la injerencia no será nunca algo negativo, sino el imperio de la responsabilidad y de la solidaridad entre los seres humanos”

El pueblo uruguayo, oriundo de un país pequeño, joven, al cual tanto dolor le costó instalarse como una república democrática y forjar un destino que en su momento lo honró con ser tierra de asilo y que cultivó la solidaridad, no puede, no debe, considerar como una afrenta que una corte internacional condene a su Estado. Quienes lo deshonraron son los criminales que actuaron en su nombre, no los que apelan a ella por el bochorno de tener los caminos internos tapiados. De alguna forma el Uruguay debe comprender que pertenece a un mundo en el que, fruto de la historia y de los principios compartidos, los Estados han reconocido que los crímenes de lesa humanidad no son prescriptibles ni amnistiables.

Al Uruguay le hace bien este fallo de la Corte, lo impulsa a conocer, a reconocer y a sanar la sevicia del pasado, pero también contribuye a liberarlo de la confusión a la que se ha condenado a nuestra sociedad con tantos galimatías locales. Creo que los crímenes de la dictadura fueron tremendos y creo también que la forma en que se trataron en la post dictadura fue nefasta para su reparación y para la prevención de su reiteración, lo que comúnmente llamamos el Nunca Más. Como señala P, nunca se pueden usar las mismas categorías de perdón y reconciliación del plano interpersonal para las sociedades en conflicto. En estos casos deben usarse categorías políticas que no son simples ni sencillas. “Siempre habrá que superar el círculo vicioso de las revanchas, de los desquites y venganzas. Pero nunca a costa de incorporar a la comunidad al enemigo con su injusticia, prescindiendo de un análisis profundo y serio de sus propósitos. El pastor nunca mete al lobo en el redil de las ovejas”
En nuestro país, las víctimas sobrevivientes, los familiares de los desaparecidos y los opositores a la dictadura han dado sobradas muestras que no los guía la revancha, el desquite o la venganza. Por ahí no se generó ni está el problema. Éste surge del tratamiento político nefasto para la reparación del tejido social que han impulsado muchos dirigentes políticos y responsables institucionales (algunos por mala fe, otros por cobardía, otros porque priorizan sus intereses, etc.). Así nos han privado de la oportunidad de que en la democracia renaciente forjásemos el desarrollo de una sociedad con principios humanos y humanitarios sólidos, reforzados por la experiencia histórica; una sociedad recreadora de los principios artiguistas con una sensibilidad actualizada.

No tengo tiempo, y a esta altura no deseo, enumerar la ristra de canalladas con que algunos han tratado el tema. Su espectro va desde la mentira a la banalidad; desde la flaqueza de voluntad hasta la hipocresía de algunos que llegan a metamorfosearse en demócratas; desde la prepotencia y la amenaza al servilismo. A ellos, Perico les advierte: “Cada vez que un político manipula el dolor de los demás y ofrece lo que sabe que no es una solución está manoseando lo más sagrado que tiene la sociedad: la esperanza de que un día seremos más humanos.”

Muchas gracias.

miércoles, 5 de octubre de 2011

“Ponerse la camiseta de Familiares”.


Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, con el apoyo de personas y organizaciones amigas, estamos organizando un festival para toda la familia el día 5 de noviembre de 2011 en el Velódromo Municipal enmarcado en una “Movida” mayor a la que hemos llamado: “Ponerse la camiseta de Familiares”.

Como siempre dijimos, estamos comprometidos con la verdad, con la justicia (que descarta la venganza), con la memoria, con la prevención de los crímenes de lesa humanidad, con la condena al terrorismo de Estado, con la vigencia de la libertad y el Estado de Derecho. Fue el atropello a estas cosas que hizo posible la desaparición forzada de nuestros familiares y destrozó vidas, familias y sociedades.

Algunos piensan que estamos empecinados en quedarnos en el pasado. Nosotros sentimos que –por el contrario- estamos comprometidos con el futuro. Este compromiso es: hacer de nuestro país un lugar donde se garantice la plena vigencia de los derechos y las libertades de las personas, donde toda la sociedad tenga la cultura de su respeto y donde el atropello, el avasallamiento por parte del Estado nunca más suceda.

Por ello promovemos acciones tendientes a la búsqueda de la verdad y la justicia, la preservación de la memoria y la reparación integral de las victimas, realizando eventos de difusión y promoviendo acciones para el desarrollo de los derechos humanos.

Estamos convencidos que la alegría y la esperanza contenidas en actividades como la programada, pensadas para todas las edades, son indispensables en ese camino.

Adjuntamos el afiche promocional de la “Movida” y de las camisetas: “Todos somos familiares”.


Donde conseguir tu camiseta


En Montevideo:

• Serpaj (lunes, miércoles y viernes de 14 hs a 18 hs) Joaquín 1642 Requena
• Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales -
• El Tartamudo Bar – Avda. 8 de Octubre 2545 esq. Berro
• Sindicatos
• Supermercado “Los Amigos del Sabor” (Coronel Raíz y Pantanoso)
• Crysol

Canelones:

• Librería Frida - Las Piedras

Paysandú:

• Aute: Sarandi 930
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Festival.familiares@gmail.com

lunes, 29 de agosto de 2011

30 de Agosto: Día Internacional del Detenido Desaparecido


A 30 AÑOS DE LUCHA DE FEDEFAM

CONMEMORANDO EL DIA INTERNACIONAL DEL

DETENID@ -DESAPARECID@




Este 2011 estamos cumpliendo 30 años desde que dimos por conformada la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desparecidos FEDEFAM. Surgimos como una necesidad ante el flagelo de las desapariciones forzadas que se cometian selectiva y masivamente en varios países de nuestro continente, en el marco de la “Doctrina de la Seguridad Nacional”.





Llevada a cabo en los países en que se instalaron las dictaduras auspiciadas por el gobierno norteamericano como fueron Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, Haití, Nicaragua, entre otros, pero también en los países donde aparentemente se vivía una democracia, entre ellos Colombia, México, Venezuela, Perú y en otros tantos donde existían conflictos internos como en El Salvador, Guatemala, Honduras. En todos se aplico la desaparición forzada y otros graves delitos como el genocidio, masacres, torturas, exilios forzados, persecución, encarcelamiento, etc.





No fue sencillo. Perdimos en la lucha contra este flagelo a decenas de compañeras que fueron asesinadas, desparecidas, como en Guatemala, Argentina y Perú donde las fundadoras fueron desaparecidas, torturadas y otros cientos obligadas al exilio. Un video de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora expresa el grito de desesperación que se hacia en su momento a los medios de comunicación para que recogieran las denuncias de los casos que se presentaban de las desapariciones forzadas. Trataron de acallar, no sólo de acallar a nuestros familiares detenidos desaparecidos, sino también nuestro trabajo. Pero calcularon mal su estrategia de terror: nunca imaginaron que las madres, hijas, abuelas, hermanas y todos los familiares mantendríamos no únicamente la memoria sino que recogeríamos sus demandas por una sociedad de Paz con Justicia Social, que lucharíamos tantos años y que no nos cansaríamos.





Hoy ratificamos nuestro compromiso de lograr erradicar este crimen que ofende a la humanidad. Recordamos que en aquellos años la desaparición forzada no estaba catalogada como delito. Trataron de hacernos creer que nuestros familiares se lo merecían por “ser delincuentes”.





Todo estaba en nuestra contra: la prensa corporativa, sistemas de justicia indiferentes y complacientes, médicos que se prestaban a los robos de bebés, empresarios que veían con muy buenos ojos que exterminaran y desaparecieran a nuestros familiares. Veíamos con preocupación que la desaparición forzada iba en aumento y cada vez en más países. En cada Congreso teníamos como principio acudir a los países en conflicto como forma de solidaridad. En alguno debido al conflicto armado no nos permitieron llegar, como fue en el Salvador en 1986. A debimos regresar varias veces como Perú, Colombia, México.

En los dos últimos se han incrementado en los últimos 5 años las desapariciones forzadas, pero también en Honduras a pesar de que dichos países han firmado y ratificado la Convención que protege a todas las personas contra las desapariciones forzadas. Recientemente, el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Christian Salazar, informó que la ONU estima que más de 57.200 personas han sido desaparecidas en Colombia y la existencia de más de 3000 fosas comunes aun sin exhumar. El Grupo de Trabajo Sobre desapariciones Forzadas GTSDF de la ONU recientemente visitó México y declaró que las denuncias que presentaron los familiares y Organismos de Derechos Humanos no coinciden con la cantidad que tiene registrado el gobierno Mexicano. Aproximadamente en 4 años son más de 4000 detenidos- desaparecidos, o sea, que se triplicó esta práctica en lo que va del gobierno de Felipe Calderón.





En Honduras, después del secuestro de Manuel Zelaya, se incrementaron las victimas de desapariciones forzadas de 184 a 300.

Reconocemos que en otros países no se ha aplicado en estos últimos años, pero la impunidad se mantiene. Argentina es el país con más juicios y condenas a los responsables de esto delitos de lesa humanidad, pero ahí lamentablemente fue desparecido Julio López en plena Democracia.





Brasil esta tímidamente comenzando a hablar sobre lo ocurrido en el periodo del Terrorismo de Estado; Chile está cambiando su rumbo liderado por los estudiantes; Guatemala por fin está conociendo la justicia con procesamientos y condenas a algunos de los principales perpetradores pero aun no se ha logrado concretar la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas Forzadamente; Uruguay continúa con la nefasta Ley de Caducidad vigente a pesar de la reciente condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.





Esto nos hace ver que los culpables siguen aplicando sus conocimientos, que a pesar de que ya no están en el poder, tiene poder para mandar desaparecer a quienes pretenden enjuiciarlos.





Dentro de las estadísticas de las desapariciones forzadas con las que contamos figuran las siguientes:





- Argentina 30.001

- Bolivia 180

- Brasil 160

- Colombia 57.000

- Chile 1.200

- Ecuador 12

- El Salvador 20.000

- Guatemala 45.000

- Haití 12.000

- Honduras 300

- México 4.000

- Nicaragua 10.444

- Panamá 207

- Perú 20.000

- Uruguay 190 - 200

- Paraguay 300

- Venezuela 4.000

Es un total 204.994 detenidos desaparecidos desde que nace la desaparición forzada en América Latina en 1960 y, lamentablemente, a pesar de los avances que hemos logrado, sigue su práctica. Reconocemos que estamos en deuda con algunos países a los cuales no hemos logrado llegar por diversas razones. Entre estos países están nuestras queridas compañeras de Honduras y Paraguay.





Esta lucha no ha sido sencilla: han tratado de varias formas de que se mantenga la Impunidad. Los gobiernos han impulsado sus leyes de perdón, sus leyes de amnistía, sus comisiones de la verdad que se quedan en nada, fiscalías que son obsoletas: propuestas van y vienen y los familiares seguimos incansables porque hemos resistido. Nuestra lucha está basada en levantar los principios de Dignidad, reivindicando a nuestros hombres y mujeres que lucharon por sus pueblos. No fue una lucha individual. Fue colectiva porque colectivo fue nuestro trabajo en todas nuestras acciones de protesta que hemos impulsado: huelgas de hambre, protestas callejeras, plantones, huelgas de hambre ante la ONU, OEA y así logramos que se tomara en cuenta nuestra lucha.





Hoy el mundo recoge una de las actividades que nació con nuestra Federación como es la declaración del 30 de Agosto como "Día Internacional del Detenido Desaparecido". Valoramos con suma alegría que uno de los principales objetivos de nuestra lucha se ha cumplido: la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada. Hoy es necesario que se reconozca el comité que velará para que se cumpla su mandato y sea efectiva la implementación de la convención en los Estados Parte que permita prevenir más desapariciones. Este es un logro que obtuvimos en la 61ª Asamblea General de Naciones Unidas el 6 de diciembre de 2006, con su pronta ratificación que fue una meta para las organizaciones de América Latina, Asia y África y que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010.





Hemos logrado unir nuestro sentimientos de una sola voz, una sola lucha, un solo dolor con los familiares de Asia Federación Asiática contra las Desapariciones Forzadas, Los familiares de África que están coordinados en un organismo que lucha contra esta práctica.





Para FEDEFAM ha sido pieza fundamental el apoyo recibido por los Grupos de Apoyo de Ginebra, de EE.UU. América Latina Francia, Holanda, Alemania en si en muchos países que también han hecho suyo este dolor que hemos transformado que decía nuestro querido padre Juan Vives: dolor que se transformado en fortaleza de lucha por que esta esta inspirado en la dignidad de nuestros detenidos desaparecidos. No podemos olvidar a nuestros asesores, orientadores que han hecho suyo este gran trabajo que aun con todos sus obstáculos que hemos salvado, SEGUIMOS EXISTIENDO.




A 30 años de lucha ratificamos nuestro compromiso hasta que nunca más se detenga y desaparezca a nadie en el mundo.




FEDERACION LATIENOAMERICANA DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES

DE DETENID@S- DESAPARECID@S




Caracas, Venezuela. 29 de agosto de 2011

Comunicado de la Coalición Internacional contra las Desapariciones Forzadas

COMUNICADO DE PRENSA

Día Internacional del Desaparecido 2011



30 de agosto 2011 - Hoy, la Coalición Internacional contra las Desapariciones Forzadas (ICAED) se une a las familias de los desaparecidos y toda la comunidad internacional para dar tributo a miles en el mundo de los desaparecidos. "Para ellos y por ellos y sus familias que sufren, nuestra Coalición existe para llamar a las puertas de todos los Estados instándolos a que firmen, ratifiquen y apliquen la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (La Convención)", dijo María Aileen D. Bacalso, persona encargada de la ICAED y la Secretaria General de la Federación Asiática contra las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.


Los cuarenta y un miembros de las organizaciones de la ICAED de todo el mundo están llevando a cabo diversas formas creativas de homenajear a los desaparecidos. De esta manera, reiteran sus llamadas a sus respectivos gobiernos para ratificar finalmente la Convención contra la desaparición forzada y reconocer la competencia del Comité de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas. Este Comité es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del tratado contra la desaparición en los Estados Partes. La ICAED considera que la Convención es una herramienta muy poderosa para poner fin al delito de desaparición forzada y contra la impunidad.


Hasta la fecha, 88 Estados han firmado este tratado y otros 29 son Parte, con sólo 12 de ellos que reconocen todas las competencias del Comité contra la Desaparición Forzada. Bacalso señaló además que: "El número de Estados Partes en la Convención palidece en comparación con la extensión global del crimen, por lo tanto, la intensificación de la campaña y de cabildeo para obtener el apoyo amplio de la Convención es imprescindible. Así pues, los Estados que son fieles a la universalidad, indivisibilidad e independencia de los derechos humanos, deben acelerar el proceso de firmar y ratificar este importante tratado que establece el derecho a la verdad y el derecho a no ser sometido a desaparición forzada. " A medida que la comunidad internacional conmemora el Día Internacional de los Desaparecidos, la ICAED se compromete a intensificar sus esfuerzos en los planos nacional, regional e internacional para concretar su mandato de hacer campaña para que las ratificaciones de Estados posible y garantizar la aplicación universal de la Convención.

Este año es el primero que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), conmemora oficialment del Día Internacional de los Desaparecidos. En 2010, la ONU llamó a su sistema y otras organizaciones internacionales y regionales, así como la sociedad civil a celebrar el Día a partir de 2011. Reconociendo la magnitud global de la delincuencia como se reafirmó en los informes anuales del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU se une a las familias de los desaparecidos que han sido la conmemoración de este día desde hace ya casi tres décadas.



Firmado por:




MARY AILEEN D. BACALSO

Punto Focal, ICAED

miércoles, 10 de agosto de 2011

Los "perdones" que nadie pidió‏

Montevideo 10 agosto 2011



Ante las declaraciones del Sr. Secretario de la Presidencia de la República, Dr. Alberto Breccia, en el Programa “Quien es quien” emitido por el Canal 5 el día 28 de julio del corriente año, la Asociación de Familiares de Uruguayos Detenidos- Desaparecidos se siente en la obligación de realizar las siguientes puntualizaciones:

1 - En primer término, si bien las declaraciones brindadas lo han sido a título personal - así se aclara en varias oportunidades por el entrevistado -, se entiende que difícilmente la ciudadanía interprete que ese sea el carácter de las mismas cuando son vertidas por un funcionario de alto rango de la Presidencia de la República. Es más, figuras de tal responsabilidad política del gobierno debieran saber perfectamente que las consecuencias de sus dichos no son ajenas a los cargos que invisten y, necesariamente, trascienden a su persona.

2 - En cuanto al fondo de las opiniones manifestadas, no desconocemos que un gobierno debe atender múltiples problemas, de diversa urgencia y prioridad en la agenda política; pero en forma alguna resulta aceptable ni razonable sostener que la resolución de la temática de la violación de los derechos humanos “paraliza” el quehacer político.



Antes bien, ello resulta de una falsa oposición que traslada responsabilidades políticas y en nada contribuye a la asunción de las que le son propias al gobierno en la materia; y, en tal sentido, parecería necesario recordarle al Sr. Secretario que la Desaparición Forzada es un crimen de Estado y que, en consecuencia, existe una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena al Estado uruguayo en tal marco conceptual, demandándole, entre otros aspectos, que investigue lo sucedido.

3 - Por su parte, recurrir al supuesto sentir de los más humildes de nuestra sociedad a efectos de resolver la disyuntiva que plantea el Sr. Secretario, amén de subestimar a los mismos en cuanto a su participación y posicionamiento en este debate, no elimina la discusión de qué sociedad queremos cimentar cuando a la vigencia plena de los derechos fundamentales nos enfrentamos, planteando un escenario en el cual los derechos humanos resultarían - a su entender - “divisibles” en su exigibilidad e incompatibles en cuanto a su simultaneidad de vigencia, teoría que francamente contradice toda la construcción de la doctrina en la materia: La defensa y garantía de los derechos de las personas deben atravesar todas las políticas de los Estados.

4 - Por su parte, el discurso construido por el Secretario de la Presidencia sobre la base del “perdón”, no hace más que tornar responsables a las propias víctimas de su obtención. Es decir, parecería ser desde tal óptica que son aquellos que han padecido graves violaciones de los derechos humanos, quienes deben asumir la responsabilidad de alcanzar la mentada paz social., olvidándolos y aceptando su impunidad.

Un discurso de tal naturaleza confunde a la población, pues olvida a quienes corresponde históricamente tal responsabilidad desde el punto de vista político, ético, social y jurídico en una sociedad como la nuestra desbastada por el terrorismo de Estado. A ellos pareciera, paradójicamente, que nada se les demanda desde la lectura de la “teoría del perdón” propuesta, aun cuando no han asumido actitud alguna de reconocimiento, ni institucional, ni personal que permita construir ningún tipo de “perdón” con los victimarios.

Es mas, pareciera desconocer que aún el “perdón” que propugna no puede construirse sobre el desconocimiento tanto de los hechos como de los responsables de los mismos, deberíamos preguntarle primero de qué debemos perdonar y a quiénes debemos perdonar, circunstancias históricas cuyo conocimiento a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad uruguaya toda, les han sido negada hasta la fecha.

5 - Por último, no debería preocupar al Sr. Secretario de la Presidencia las hipotéticas exigencias que, en creciente aumento, parecerían provenir de las víctimas o sus familiares en cuanto a las condiciones de cumplimiento de las penas por parte de quienes fueran declarados responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Por el contrario, si algo han aprendido con dolor es a proclamar, sin descanso, la vigencia de los derechos esenciales sin distingos, derechos que a las víctimas nunca se les han reconocido en su plenitud.

Por todo esto, nos preocupa profundamente que quien será el encargado oficialmente de llevar adelante instancias de investigación en materia de las graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país en los años del Terrorismo de Estado y su contexto, postule que el tema se resuelve mediante una suerte de teoría del “perdón” cuyos alcances e implicancias - nuevamente - banalizan el abordaje del tema en nuestra sociedad, relativizan los valores de Justicia y, por último, desdibujan las responsabilidades que le son institucionalmente propias del Estado uruguayo en la materia.





--
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos
Tel: -598-2-9291625
Nicaragua 1332 apto. 205
Montevideo-Uruguay
www.familiaresdedesaparecidos.blogspot.com
Web: www.desaparecidos.org.uy

jueves, 12 de mayo de 2011

Aporte de Familiares y su profundo y meditado sentir‏

11 de mayo de 2011



En el último mes se ha desatado una enorme discusión en torno a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. La discusión sobre esa norma opaca la discusión sobre el gran tema de fondo, que es la impunidad. Es a esto a lo que nos queremos referir, porque entendemos que tal como se está discutiendo, el grave problema de la impunidad se unilateraliza, se caricaturiza, se banaliza y genera aún más confusión en la opinión pública. La ley de Caducidad es una de las fuentes de impunidad, pero no es la única.



Desde que detuvieron y desaparecieron a nuestros familiares, hemos tenido siempre la misma lógica y primigenia aspiración: saber que fue de ellos.



Durante la dictadura sólo se nos mintió y desinformó. Luego, ya en un Estado de Derecho, nuestras simples preguntas fueron ignoradas o recibieron evasivas y se pusieron obstáculos para no investigar. El Estado siguió incumpliendo con sus obligaciones, que no son obligaciones meramente morales o declaraciones de buenas intenciones: son obligaciones jurídicas, exigibles y ejecutables nacional e internacionalmente.

Estos obstáculos fueron múltiples y de diferente tipo: desde la indiferencia gubernamental, pasando por la negligencia burocrática hasta la aprobación por el Parlamento, con las mayorías de la época, de la inconstitucional Ley de Caducidad. No debe dejarse pasar por alto, que la ley de Caducidad contraría además a una Ley que la precede en pocos meses, votada por ese mismo Parlamento: la Ley de Amnistía (Nº 15.737) del 8/03/85 que dice “Artículo 5º.-Quedan excluidos de la amnistía los delitos cometidos por funcionarios policiales o militares, equiparados o asimilados, que fueran autores, coautores o cómplices de tratamientos inhumanos, crueles o degradantes o de la detención de personas luego desaparecidas, y por quienes hubieren encubierto cualquiera de dichas conductas. Esta exclusión se extiende asimismo a todos los delitos cometidos aun por móviles políticos, por personas que hubieren actuado amparadas por el poder del Estado en cualquier forma o desde cargos de gobierno”. Dicha ley invoca e incorpora –además- a los instrumentos regionales e internacionales firmados y ratificados por nuestro país.
Todos los obstáculos fueron puestos en el marco de una campaña política que a veces atemorizaba a la población con un eventual golpe de Estado; a veces la embelesaba con la idea de de que se estaba llevando adelante un original “cambio en paz” o se la sermoneaba con la reiterada frase “no hay que tener los ojos en la nuca”.



Fue en ese período que el encubrimiento y la impunidad se hicieron política de Estado más allá de lo jurídico. Fue el período en que el Estado se puso de rodillas ante el poder militar. Nunca, durante esos gobiernos, se buscó la verdad, nunca se cambió nada de las FFAA. Se promovió a oficiales con responsabilidad en torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas. No se realizó ningún cambio a la doctrina institucional ni en la educación de las Fuerzas para adecuarlos a las necesidades de un Estado Democrático de Derecho. No hubo críticas ni exigencias. Es más: todo se desarrolló en un entorno más cercano a la complicidad que con la necesidad de verdad y justicia de víctimas, familiares y de toda la sociedad uruguaya.



La ley de Caducidad es perversa, pero su aplicación, en esa época, fue aún peor.



Por otra parte, importa recordar que la forma represiva de la desaparición forzada contempla la impunidad desde su ejecución (además de los aparatos represivos habituales; grupos de oficiales actuando clandestinamente y en colaboración con paramilitares; seudónimos; vehículos con matrículas falsas; vuelos de aeronaves no declarados y centros clandestinos de tortura y detención, etc.). Los criminales ocultaban sus fechorías no sólo para que estas fueran más terroríficas, también para no asumir, ni en ese momento ni después, su responsabilidad. Ahora, terminada la represión, se escudan en la ignorancia y en ese ignominioso silencio que llaman “deber de lealtad entre camaradas”.



Uruguay, el Estado no propició ninguna comisión investigadora como en Argentina o en Chile, dos países hermanos y tan ligados a nosotros en este tema por el Plan Cóndor.



Los primeros gobiernos post dictadura apostaron a la dilución del problema, a nuestro cansancio, al olvido, al paso del tiempo, a la minimización del crimen. Los proclamados “grandes estadistas”, con su complicidad privaron a nuestra patria de la dignidad. Lo saben: es su peor mancha. Eso no lo pueden disimular aplicando, como ahora, las artes del camaleón.



los primeros 20 años de retorno a la democracia, jamás el Estado –salvo el tardío esfuerzo de la Comisión para la Paz de recabar información- hizo algo profundo, exigente, en serio…Ese era y es su deber. No había antes ni hay ahora ley alguna que impida el cumplimiento de, al menos, su obligación de investigar e informar la verdad.



Así se asentó la impunidad, así se cristalizó el statu quo de permitir continuar con la desaparición de aquellas personas para las que no hay respuesta. Así el Estado sigue teniendo zonas de no-control sobre parte de sus funcionarios, que están al servicio del pueblo uruguayo y no de interés corporativo alguno. Así se le mintió al Presidente Vázquez; así se llevó a que grupos de ciudadanos deban investigar, excavar…para lograr pedacitos de verdad mientras los que realmente saben qué pasó, callan. Así, ahora, tiene que ser una sentencia internacional la que, para nuestro bochorno, le recuerde al país sus obligaciones incumplidas… Así se llega a esta situación compleja en la que aún no hemos podido comenzar calma, firme y consecuentemente el camino de restituir plenamente el derecho.



Por todo esto es que deseamos transmitir, como lo hacemos desde 1985, algunas de nuestras convicciones:



No hay camino a la verdad sin una investigación profunda. Ella requiere de una seria, confiable y correcta relación con la población. También requiere una enérgica y eficiente coordinación de diversos organismos estatales y no-estatales, nacionales y extranjeros. Requiere de un equipo articulador capacitado, dedicado y con iniciativa. Así, desde hace un año, lo estamos planteando a la Presidencia.



Requiere, como dice la sentencia de la Corte Interamericana, a propósito del caso planteado (pero que tiene validez para todos los casos similares), la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos. Requiere que se logre información procedente de dependencias militares y policiales, lo cual implica un cambio de actitud de los jerarcas políticos y de los mandos profesionales. Leamos bien y completamente la sentencia.



Nosotros nunca alentamos la venganza ni el irrespeto a las normas del derecho que rigen en nuestra sociedad y en el mundo. No son palabras, es nuestra trayectoria. Tratamos de llevar sinceramente, con sencillez y sin dobleces, nuestro pensamiento a nuestros compatriotas. Nunca hicimos caudal político, religioso, personal ni de ningún tipo de nuestra lucha con la cual –además de trabajar contra la desaparición forzada- pretendemos contribuir en la construcción de un país más respetuoso de los deberes y de los derechos de todas las personas y de la sociedad. No tenemos tapujos ni intenciones aviesas.



No nos engañemos, la grave y compleja situación en que hoy estamos es jurídica; es también política y afecta compromisos internacionales. Es todo eso, pero es más que eso, es un problema de decencia. Esto no se arregla “cortando el nudo”, tomando el atajo de soluciones en el papel, imponiendo olvidos ni levantando polvaredas para echar tierra a los ojos ciudadanos.



Desde el fondo de nuestros corazones creemos que hay que apelar a lo que tal vez muchos piensen que es un imposible: a generar un nuevo clima que ayude a lograr que la verdad se abra camino.



Empecemos a reconocer que estamos frente a un problema nacional. Es más que un problema del gobierno o del partido de gobierno. No partidicemos un problema de Estado, no se puede responsablemente seguir acumulando idas y venidas, malentendidos y entredichos.



¿A dónde se está llevando al país?: hay una norma que todos los poderes del Estado reconocen que es inconstitucional, hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay un vacío aberrante de investigación. ¿No se puede solucionar este problema?



Sabemos que la mayoría de los parlamentarios, fuera y dentro del partido de gobierno, honradamente quiere que el país salde esta deuda de una vez por todas. A algunos los conocemos desde la época del “voto verde”: Son los legisladores que, en este mismo período, votaron que la ley es inconstitucional.



El Parlamento, ¿qué va a hacer?, ¿van a seguir los unos, “balconeando” el empantanamiento de las soluciones propuestas y pegándose, de hecho, con el cogollo de políticos que desde siempre optaron por la impunidad de los terroristas de Estado?, ¿van a seguir los otros, empecinados en una propuesta con problemas evidentes? Sería trágico que quedaran ellos y nos dejaran a todos, aprisionados por estas circunstancias.



La sentencia de la Corte Interamericana obliga a todo el Estado -incluyendo al cuerpo electoral- a cumplir las obligaciones internacionales; como “hecho atribuible al Estado y generador, por tanto, de la responsabilidad internacional de aquél” pg 238. Nos obliga a todos nosotros. Esto lo tiene que comprender el sistema político y consecuentemente asumir su función más esencial: conducir al país de acuerdo a los principios democráticos y republicanos, a las normas nacionales e internacionales que nos rigen. Esperamos que se halle una solución. Es necesaria para resolver globalmente el problema de la impunidad.



Hay mucho para hacer:



explicar claramente a los ciudadanos que están alejados del tema, que esto nos incumbe a todos.
despejar la enorme confusión y decepción que hoy afecta a muchos compatriotas.
de una vez por todas, poner todos los recursos humanos y materiales por parte del Estado para investigar a fondo y en serio la situación de las personas detenidas-desaparecidas.
trabajar con los actuales miembros de las FFAA; que comprendan que este caprichoso silencio que hoy mantienen no es parte de ningún combate: que es sólo maldad, lisa, pura, llana e innecesaria. Maldad para con los jóvenes que fueron secuestrados de niños y aún no saben quiénes son; para con la sociedad que habiendo sido víctima en múltiples formas durante la dictadura, aspira a mejores niveles de convivencia; para con nosotros. Los mandos de las FFAA pueden y deben contribuir a erradicar las viejas doctrinas de los tiempos de la guerra fría, para llevar a sus filas el aire de respeto y humanitarismo con sólidas raíces en los ejércitos artiguistas y propias de las nuevas concepciones democráticas de las fuerzas militares. Entonces, en ese nuevo clima, esta odiosa postura de silencio de hoy no sería de recibo.
Todo esto requiere una necesaria rectificación de la doctrina y la formación democrática de las instituciones armadas.


A veces, cuando la razón oscurece, el corazón ilumina.



Entonces, si todos trabajáramos en ese sentido, comenzaríamos a poner a nuestro país en el camino de la dignidad perdida, comenzaríamos a generar las condiciones para la reconciliación y coherencia institucional.



Entonces… tal vez comprenderíamos aquello tan viejo y tan actual de que “la verdad nos hace libres”.



Los invitamos el 20 de mayo a las 19 hrs. a marchar, en todo el país, bajo la consigna



Verdad y justicia:

derechos de todos, responsabilidad del Estado

miércoles, 4 de mayo de 2011

Sobre el espíritu de la Marcha del 20 de mayo

Familiares siempre tuvo claro su finalidad: verdad, justicia y nunca más. En los diferentes momentos de su accionar, fue y es un grupo organizativamente abierto, conceptualmente independiente de todo pensamiento partidario o religioso y dispuesto a dialogar y a actuar con el mayor número de personas (y sus organizaciones) a nivel nacional o internacional.
Esto es así no sólo porque corresponde en su interpretación ética de la lucha por los derechos humanos sino porque es condición para el logro de nuestra finalidad.
Esto permitió recibir testimonios de lugares impensados, difundir nuestra problemática y lograr la solidaridad en distintos ámbitos. Con ese espíritu actuamos siempre y con ese espíritu convocamos las Marchas del 20 de mayo.
Queremos que a ella vayan todos los sectores que sinceramente concuerden con nuestros fines, cada uno de los asistentes tendrá una opinión distinta sobre otras cuestiones o distinta en cómo lograr los fines comunes, pero ni lo uno ni lo otro nos deben dividir del compromiso que nosotros expresamos colectivamente.
Por eso las Marchas tienen que continuar siendo la expresión más amplia de la voluntad de lucha contra la desaparición forzada. En ella no debe haber más bandera que la de los desaparecidos y la no reiteración del crimen.
Que a ella puedan ir, vayan y se sientan cómodos todos los que están de acuerdo, aunque para unos esto sea un mínimo y para otros un máximo, aunque para unos esto sea una lucha dentro de su militancia política, para otros dentro de su actividad social, sindical, barrial o religiosa.
Unámonos por lo que nos une (que es mucho) y no separémonos por lo que nos divide, que al respecto, aunque parezca mucho es poco.

martes, 29 de marzo de 2011

Transmisión en directo de sentencia Orletti

Jueves 31, hora 18.
Transmisión en directo por Canal 5 de la sentencia a los militares acusados en la causa Orletti.
Principal Centro de Detención y Exterminio del Plan Cóndor donde desaparecieron tantos compañeros latinoamericanos.
Es un acto de memoria y de justicia.

Ante la grave situación en Honduras

Montevideo, 29 de marzo de 2011


Parecía que los tiempos de los crímenes de Estado en América Latina eran un aleccionador pero triste recuerdo del pasado reciente; que los procesos de democratización, con diversas modalidades según el país, y la consiguiente promoción de los derechos humanos estaban cursando por caminos sin retorno. El golpe de Estado de junio de 2009 en Honduras fue una poderosa advertencia en contrario. Las respuestas de la OEA y sobre todo de la mayoría de los países latinoamericanos, expresaron el rechazo continental a la interrupción de la democracia. Pero, pasó el tiempo y Honduras –tal vez por ser un país pequeño y empobrecido- se fue olvidando.

Empezaron a centrarse las críticas más en los defectos del presidente depuesto (Manuel Zelaya) que en los golpistas. Vinieron elecciones amañadas y comenzó la tolerancia hacia los golpistas y el régimen instalado. Pero nada se había solucionado en el hermano país olvidado. Al contrario, se instaló un régimen privatizador, corrupto, en el que reaparecieron los grupos ligados a la antigua represión que cuestiona la apariencia democrática que el gobierno pretende dar.

Los hechos: los maestros llevan adelante, al igual que los docentes de enseñanza secundaria, una lucha gremial por sus derechos. El gobierno de Lobo reprime a sus docentes hostigando sus locales gremiales como sus manifestaciones y la de los que se solidarizan. En una de esas manifestaciones, el 18 de marzo, la maestra Ilsy Velásquez, vice-directora de la escuela República Argentina, acude a una manifestación contra la cual la policía arremete ferozmente. Una bomba lacrimógena, lanzada contra los manifestantes, impacta en su cabeza y posteriormente es arrollada por un auto, perdiendo la vida.

Ilsy pertenecía al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH). Ella y sus familiares fueron incansables en la denuncia de la desaparición de su hermano Manfredo, en la lucha por su rescate. Llevaron el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue el primer fallo de la Corte sobre la desaparición forzada de personas. El caso de Manfredo Velásquez Rodríguez es, desde entonces, paradigmático en el Continente y el mundo.
Solicitamos a todos los que lean este comunicado, que le den la más amplia difusión, a seguir las informaciones sobre Honduras, a sentar su protesta ante:

Jorge Alberto Rivera Avilés
Presidente de la Corte Suprema de Justicia
Tel (504) 269-3000 269-3069
Mail: cedij@poderjudicial.gob.hn

Luis Alberto Rubí
Fiscal General de la República.
Fax (504) 221-5667
Tel (504) 221-5670 221-3099
Mail: lrubi@mp.hn
suazog@mp.hn

y enviar su solidaridad a

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Barrio La Plazuela , Avenida Cervantes, Casa No. 1301
Apartado Postal 1243
Tegucigalpa, HONDURAS
Fax:+504 220 5280 (solicite: "tono de fax")
Mail: berthacofadeh@yahoo.com


Todos podemos y debemos unirnos en el esfuerzo de frenar la represión en Honduras tratando de evitar que una vez más se hunda la democracia y que se instale el horror.

Gracias por su esfuerzo y su solidaridad.

Grupo de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos- Desaparecidos

jueves, 24 de marzo de 2011

Sentencia Corte Interamericana de Derechos Humanos

El 24 de febrero de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictó Sentencia en el caso Juan Gelman, María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y María Macarena Gelman García contra la República Oriental del Uruguay. Dicha Sentencia fue conocida en el día de ayer, día en que se celebra el Derecho a la Verdad, proclamado recientemente por la Asamblea General de Naciones Unidas.
Este foro internacional que vela por el cumplimiento del Tratado de Derechos Humanos, concluye esta fase condenando a nuestro país a dar cumplimiento a varias obligaciones, entre ellas:
- El Estado debe continuar y acelerar la búsqueda y localización inmediata de María Claudia García Iruretagoyena, o de sus restos mortales y, en su caso, entregarlos a sus familiares, previa comprobación genética de filiación
- El Estado debe garantizar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado… no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia de autos y para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos.
- El Estado debe realizar, en el plazo de un año, un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso
- El Estado debe implementar, en un plazo razonable y con la respectiva asignación presupuestaria, un programa permanente de derechos humanos dirigido a los agentes del Ministerio Público y a los jueces del Poder Judicial de Uruguay
Madres y Familiares se congratula con dicha sentencia, manifiesta una vez más su solidaridad con las víctimas y reafirma su más profunda convicción de que la verdad, la justicia y la memoria, son los cimientos que requiere el Nunca Más Terrorismo de Estado.

Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y para la Dignidad de las Víctimas.

24 de marzo de 2011

Por primera vez se celebra el Día Internacional del Derecho a la Verdad, proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas en reconocimiento a la labor de protección a los derechos humanos por parte de Monseñor Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980.
EL Derecho a la Verdad se enmarca en el deber que, según el Derecho Internacional, tiene todo Estado de garantizar, respetar y hacer respetar los derechos humanos. Obligación contraída a través de compromisos jurídicos, políticos y morales ante la comunidad internacional.
La verdad es necesaria para comprender y aprender, es un instrumento de prevención, de enseñanza para el futuro. Demostrando como actuaron todas las estructuras del Estado y que fueron capaces de hacer, es que vamos a poder minimizar los riesgos de que sucedan nuevamente. Porque esto posibilita la rectificación de las instancias oficiales involucradas directa e indirectamente en las violaciones, es decir posibilita el NUNCA MÁS.
La búsqueda de la verdad es el motor que nos mueve como grupo: saber qué pasó con cada uno de nuestros familiares desaparecidos. Saber por qué, cuándo, dónde y quiénes fueron los responsables.
La verdad es importante en sí misma, y lo es aún más cuando es conocida por todos. Con ella comienza la justicia y la reparación de las víctimas, de los familiares, de toda la sociedad.
Tenemos derecho a conocer la totalidad de las circunstancias que rodearon el destino de nuestro familiar. El Estado, que tiene la obligación de investigar los daños ocasionados desde sus propias instituciones - ya que fueron funcionarios de Estado quienes perpetraron los crímenes y ejercieron el terrorismo, ha asumido tardíamente esa obligación y lo ha hecho de manera parcial.
El actual gobierno presidido por José Mujica, nos anuncia que continuará con los esfuerzos desplegados por el anterior gobierno. El hecho de que Uruguay haya sido uno de los promotores de la Declaración nos alienta a que se consolide la búsqueda de la verdad en nuestro país.
Hoy se hace imprescindible una concordancia entre lo que se predica a nivel internacional, los compromisos que como país se asumen, con su concreción. Por eso consideramos que la implementación del fortalecimiento de la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz -tal como se ha comprometido el Presidente de la República- debe concretarse inmediatamente.

viernes, 18 de marzo de 2011

Lanzamiento página web

En el marco de la celebración del
“Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones Graves a los Derechos Humanos y Dignidad de las Víctimas”
invitamos al lanzamiento de nuestra web.
Miércoles 23, 19:00 hs (puntual)
Centro Cultural de España - c/Rincón 629 – Montevideo