viernes, 12 de diciembre de 2014

10 de Diciembre de 2014 - Memorial a los Detenidos Desaparecidos

Día Internacional de los Derechos Humanos
Montevideo, 10 de diciembre de 2014
 
Una vez más nos convocamos aquí, un 10 de diciembre, una fecha que nos incita  a la reflexión.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en respuesta a las atrocidades vividas durante la 2da guerra mundial, fue una luz de esperanza, que marcó una nueva senda para la humanidad, que intentó preservar la vida, la paz, la libertad y la igualdad entre los pueblos y las personas.

Este año, lo recordamos en el Memorial a los Detenidos Desaparecidos, que hoy es patrimonio histórico del Uruguay, por la iniciativa  de la Comisión del patrimonio del Ministerio de Educación y Cultura, a quien mucho agradecemos.

Este memorial honra la memoria de todos nuestros compañeros detenidos desaparecidos, es un espacio privilegiado para la reflexión, en el que podemos recordar que esta historia nos pertenece a todos.

Durante la dictadura, fueron miles los compañeros torturados, cientos asesinados y detenidos desaparecidos, hoy, a más de treinta años de reestablecida la democracia, es casi imposible encontrar a alguien que justifique aquellas prácticas.

Actualmente, en América Latina, en varios Estados en los que rigen sistemas de gobierno democráticamente electos, se presentan dificultades reales para garantizar los Derechos Humanos de sus ciudadanos, en algunos aún, la tortura y la desaparición forzada son prácticas usuales.

La realidad de los países de nuestro continente, nos preocupa.

Madres de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, que integran el Movimiento de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos, llevaron a cabo la X  Caravana de búsqueda de desaparecidos.  La Caravana, “Una Década de Lucha y Esperanza”, atraviesa 23 ciudades y 10 Estados de México,  que año tras año, siguen la ruta migrante. 

En este año, la caravana partió el 18 de noviembre y culminó el 7 de diciembre, realizando importantes actividades de denuncia y búsqueda de los desaparecidos migrantes centroamericanos.

En México, las desapariciones forzadas y secuestros suman más de 20,000 desde el año 2007, un número estimado de 24,000 cuerpos sepultados en fosas clandestinas durante este mismo período, además de  los 40,000 cuerpos no identificados en los Servicios Médicos Forenses oficiales. Las maras, pandillas, carteles, bandas locales de México, policías y autoridades corruptas, maquinistas y garroteros de los trenes tienen control sobre la ruta migrante, así como también las zonas de frontera maquileras. En este contexto, masacres, feminicidios, asesinatos y desaparición forzada son la práctica corriente. Tal como es el caso de  43 estudiantes de la Escuela Normalista Rural de Ayotzinapa.

Por los  desaparecidos, por ellos y por sus familiares reclamamos justicia y exigimos la inmediata aparición con vida.

En México no hay Estado fallido ni ausencia de Estado: hay terrorismo.

En este marco manifestamos nuestra solidaridad con los millones de personas que sufren desplazamiento forzoso, ejecuciones sumarias de campesinos, de indígenas y de población civil que suman miles en todo el continente.
Hacemos especial mención al derecho y al respeto a la vida, a la autodeterminación del pueblo haitiano, a la paz en Colombia, a la tierra y a al legítimo derecho a organizarse y luchar en distintos pueblos del continente, a la no criminalización de la protesta, entre otros.

En nuestro país, las políticas de seguridad ciudadana siguen apegadas a la hegemonía conservadora y al consenso punitivo. Se proponen soluciones mágicas a los problemas de inseguridad, se carga  a los niños y adolescentes con la responsabilidad del delito, se establecen “zonas rojas”, donde la “mano dura”  se ha utilizado como principal consigna electoral, cuyo único fundamento parece ser el de eliminar  lo que “es molestia”.

La propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal adolescente quedó truncada, gracias a su rechazo en las urnas. Esto no hubiese sido posible sin una campaña que mantuvo viva la esperanza de que en Uruguay se haga realidad un modelo no discriminatorio, inclusivo, que respete los tiempos biológicos de la adolescencia, que los acompañe a superar sus tropiezos y que no deposite en ellos todos los problemas de la convivencia y seguridad ciudadana.

Nos alarma la situación que se esta viviendo en el SIRPA, en particular en aquellos centros de privación de libertad  donde los malos tratos, el abuso de autoridad e incluso la tortura por parte de los funcionarios hacia los adolescentes forman parte de la cotidianidad.

Apoyamos las denuncias realizadas por la Institución Nacional de Derechos Humanos, en las visitas que realiza el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, a SERPAJ, a IELSUR, al igual que las denuncias realizadas por diferentes organismos de DDHH. Apoyamos a las denuncias de las madres y exigimos que se investiguen y no se tomen represalias.

Una vez más reafirmamos que ninguna situación o condición justifica la tortura, los tratos inhumanos y degradantes.

Nos duele que en nuestro país, después de todo lo vivido y construido, se tome ventaja de las personas más vulnerables y se abuse del poder.

Repudiamos el traslado compulsivo de la Dra. Diana Salvo, del fiscal Ricardo Perciballe, de la jueza Mariana Mota, ejemplos que se reiteran en los últimos años.

Que obstaculizan el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado y ponen en  tela de juicio la integridad de un Estado democrático y la construcción de ciudadanía para el ejercicio pleno de las garantías de cualquier colectivo social.

Estas actitudes son un mensaje de falta de voluntad política para colaborar en el cumplimiento de la sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, evidenciando la intención de mantener intacta la impunidad.

Es vergonzoso que un Tribunal de Honor sostenga la  “buena conducta” en los últimos años de Gilberto Vázquez, omitiendo su participación en el terrorismo de Estado.
Recordemos que Gilberto Vázquez ya revestía la calidad de condenado por el homicidio de 28 personas al momento de ser  juzgado por el Tribunal de Honor. 

Si era un derecho del militar solicitarlo para que le restituyeran sus haberes, era claramente un deber del Sr. Ministro Fernández Huidobro la formación de un Tribunal que juzgara su “buena conducta” en el período de la dictadura.

Nosotros no somos ni verdugos, ni fascistas, reiteramos lo que históricamente hemos reclamado: hace más de tres décadas que buscamos la verdad.

Aun la más dura verdad es preferible a la angustia del ocultamiento y la mentira, que eternizan el dolor y la duda. Por ello, para seguir descubriendo la verdad que culpables y cómplices conocen pero ocultan, reiteramos nuestra exigencia de que se entreguen los archivos del Ministerio de Defensa y que se solicite a EEUU la desclasificación de los archivos de esa época que corresponden a nuestro país.
Nuestros familiares fueron arrancados de sus casas, torturados en centros clandestinos, en muchos casos trasladados de un país a otro. Se secuestró a sus hijos, se falsificó su identidad, y algunos fueron entregados a los asesinos de sus padres.

Nuestros familiares fueron víctimas de crímenes cometidos desde el poder del Estado, crímenes de lesa humanidad.

Por nuestros compañeros asesinados y torturados, por nuestros detenidos desaparecidos,

Hoy más que nunca todos somos Familiares.

Por Verdad, Memoria, Justicia y Nunca Más terrorismo de Estado




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