Para los uruguayos, como para los sureños en general,
México es un país admirable y entrañable. Admirable por su geografía, su
belleza, su historia, su literatura, sus artistas, sus universidades, su cultura ancestral, etc.
Entrañable por la valentía y humildad de su pueblo, por la dignidad y
fraternidad con que supo dar cobijo, en el pasado próximo, a tantos perseguidos
por las dictaduras del sur, con la misma generosidad con que antes amparó a revolucionarios rusos y a
republicanos españoles. Por eso cuando nos enteramos de los 6 asesinatos y de
las 43 desapariciones de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala (Edo. de
Guerrero) y poco antes de la masacre de 22 jóvenes en Tlatlaya por el Ejército,
nos quedamos
perplejos, preguntándonos cómo pueden pasar estas cosas en México.
Sucede que, como en tantas otras cuestiones, no recibimos por la gran prensa la información veraz, contextualizada y completa de las cosas. En efecto, desde hace mucho tiempo hay “otro México” que internacionalmente queda oculto tras la fachada de país moderno, civilizado, republicano y democrático de la que goza en el exterior esa nación.
En las décadas de los 60 y 70 del S XX, el Estado mexicano descargó sobre sus ciudadanos una represión impune que se conoció como la guerra sucia. A este período corresponden las masacres de Tlatelolco (1968) y de Corpus Christi (1971), la existencia de cientos de desaparecidos y el aniquilamiento de gran parte de la izquierda. Los sucesivos gobiernos posteriores, lejos de rectificar y asegurar la vida y la libertad de los mexicanos y la no reiteración de los crímenes, no investigaron y garantizaron la impunidad de los criminales. Dedicados a su enriquecimiento, cayendo en corrupción y propiciándola, con crímenes a su haber tanto de dirigentes políticos (Luis Donaldo Colosio, marzo/94; José Ruiz Massieu, sept./94) como de masacres, sobre todo de campesinos (Wolonchán, 1980; Aguas Blancas 1995; Acteal, 1997; El Charco, 1998; Atenco, 2006; Chincultik, 2008), constituyeron el puente de continuidad entre aquella guerra sucia con la guerra contra el narcotráfico comenzada en el sexenio de Felipe Calderón (2006-12).
En 2005, México firma con EEUU y Canadá la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) en la que junto con acuerdos económicos hay una agenda de seguridad, esencialmente para combatir “el terrorismo y la criminalidad”. Con este antecedente, en 2007, Bush y Calderón, acuerdan la Iniciativa Mérida para el combate del narcotráfico y el crimen organizado. Con esto EEUU logra establecer una presencia e injerencia militar sin precedentes dentro de México y sustituir de hecho la “línea fronteriza” por un “área fronteriza” (o zona de seguridad) que ocupa todo su territorio, en la que manda a través de asesores y agencias, donde pone dinero y algunos equipos militares y armas (los otros se los vende). Los costos propios de cualquier terreno de guerra: humanos (incluyendo los “daños colaterales”), sociales, políticos, etc. los pone México.
Ahora bien, ¿ésta estrategia de guerra ha sido eficaz para combatir el narcotráfico? No, sus resultados son un espectacular fracaso. Así lo han dicho, entre otros, militares, expertos, presidentes latinoamericanos… ¿Qué costo humano ha tenido? Durante los 6 años de presidencia de Calderón se estima (ni siquiera se hace un registro acabado de las víctimas) que murieron en el entorno de las 80.000 personas y desaparecieron unas 20.000. A la vista está que el gobierno de Peña Nieto es –aunque diga lo contrario- su continuidad. No es casual que el Gral. Oscar Naranjo, ex Director de la Policía Nacional de Colombia, sea su asesor. El incremento constante de asesinatos, torturados y desaparecidos, lo prueba. Ya las cifras rondan los 120.000 muertos y los 30.000 desaparecidos.
Entonces, ante tan costoso fracaso, ¿por qué se persiste en esta estrategia? Simplemente porque su finalidad antinarcotráfico es una gigantesca patraña. La militarización de México, que incluye la participación de la policía, de paramilitares, de agencias de seguridad privadas, tiene como verdaderos objetivos proteger los intereses estadounidenses y controlar a México y Centroamérica, por consiguiente preservar “la seguridad” de EEUU de un eventual gobierno popular, adverso a sus intereses, díscolo, en sus propias narices o en sus cercanías.
Los 43 estudiantes de magisterio rural de la Escuela de Ayotzinapa, la mayoría entre 18 y 21 años, son hijos de hogares humildes que estudiaban para educadores de las poblaciones campesinas aisladas y olvidadas, de los desposeídos, en un México profundo. Una tarea que honra a cualquier persona y que merecería el apoyo de todo gobierno de bien. ¿Por qué los desaparecieron? Tal vez por la misma razón por la que se ahoga con presupuestos insuficientes este tipo de Escuelas con asiento en los Estados más pobres de México.
El viernes 7, el Procurador General, en conferencia de prensa, comunicó que los estudiantes habían sido asesinados; que la policía que los había detenido los entregó a la delincuencia para que los mataran; que estos los mataron y quemaron los cuerpos, después trozaron los restos calcinados y los arrojaron al río. Tratarán de que se pueda hacer el ADN de estos trocitos para hallar la correspondencia con los de los muchachos. Nada dijo sobre la omisión del Estado, cuando se denunciaba a esas bandas criminales y su complicidad con las autoridades en crímenes anteriores... tampoco de las fosas clandestinas que aparecen por doquier.
¿En que se basa todo esta “explicación”? En las declaraciones de tres sicarios de la banda delincuencial a la que se le habría encomendado la tarea de asesinarlos y desaparecer sus restos. Los familiares no la aceptan.
En efecto, desde que desaparecieron los muchachos, el Estado no hizo más que señalar fosas y ofrecer dinero a los familiares para cerrar de una vez el caso.
¿No sabe, el Estado, que las muertes hay que certificarlas con evidencias?
¿Creerá el Procurador que se le va a creer a autoridades desprestigiadas, ligadas al crimen y a la corrupción, sin que muestren pruebas científicas, inobjetables, de lo que afirman? ¿No será que pretende echar un balde de agua fría sobre los reclamos por la vida?
Es que este “otro México” que nos revelan estos horrores, es trágico. Es un México incapaz de preservar y garantizar la vida (ni digamos de mejorarla), los derechos y las libertades de la población; que abdicó de la republicana separación e independencia de los poderes; que es prisionero de una rosca de militarismo, corrupción, política e impunidad conformada a lo largo de décadas, capaz de amañar elecciones y presentarse como una democracia consolidada; capaz, también, de manipular las autorías de los crímenes para ocultar el terrorismo de Estado. Este es el México que sufren sus ciudadanos, éste es el país donde se criminaliza la protesta, donde desaparecen cientos de migrantes centroamericanos que intentan cruzarlo para llegar a EEUU en busca de una sobrevivencia que no encuentran en sus países de origen, en el que se permite la esclavitud de las maquilas, donde se amenaza y aniquila a periodistas y activistas sociales sean trabajadores urbanos, campesinos, estudiantes o defensores de los derechos humanos… donde hay tantos horrores cotidianos.
Pero el México luminoso no está derrotado: vive en las multitudinarias manifestaciones; vive en miles de protestas; vive en las Marchas; en las denuncias fundadas de personas e instituciones; vive en la solidaridad de “las patronas”, esas maravillosas mujeres del pueblito de Guadalupe que con su esfuerzo cotidiano palian las desventuras de los migrantes; vive en la curia comprometida; vive en los movimientos campesinos e indígenas; en los sindicalistas y políticos decentes; vive en los denunciantes valientes y veraces; vive en el ciudadanía honrada… el día que esos cauces de rebeldía, de coraje, de construcción, de dignidad confluyan en un torrente de libertad no hay quien pueda pararlo. Para decirlo con palabras de Allende: "Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor". Esos fueron los torrentes que aquí, en el sur, horadaron las dictaduras y aún hoy horadan sus consecuencias.
Somos solidarios con las victimas del horror, con sus familiares y amigos, con los que ahora son reprimidos por manifestar por ellos, somos solidarios con el México luminoso. Es un deber de humanidad y un elemental compromiso latinoamericano.
Sucede que, como en tantas otras cuestiones, no recibimos por la gran prensa la información veraz, contextualizada y completa de las cosas. En efecto, desde hace mucho tiempo hay “otro México” que internacionalmente queda oculto tras la fachada de país moderno, civilizado, republicano y democrático de la que goza en el exterior esa nación.
En las décadas de los 60 y 70 del S XX, el Estado mexicano descargó sobre sus ciudadanos una represión impune que se conoció como la guerra sucia. A este período corresponden las masacres de Tlatelolco (1968) y de Corpus Christi (1971), la existencia de cientos de desaparecidos y el aniquilamiento de gran parte de la izquierda. Los sucesivos gobiernos posteriores, lejos de rectificar y asegurar la vida y la libertad de los mexicanos y la no reiteración de los crímenes, no investigaron y garantizaron la impunidad de los criminales. Dedicados a su enriquecimiento, cayendo en corrupción y propiciándola, con crímenes a su haber tanto de dirigentes políticos (Luis Donaldo Colosio, marzo/94; José Ruiz Massieu, sept./94) como de masacres, sobre todo de campesinos (Wolonchán, 1980; Aguas Blancas 1995; Acteal, 1997; El Charco, 1998; Atenco, 2006; Chincultik, 2008), constituyeron el puente de continuidad entre aquella guerra sucia con la guerra contra el narcotráfico comenzada en el sexenio de Felipe Calderón (2006-12).
En 2005, México firma con EEUU y Canadá la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) en la que junto con acuerdos económicos hay una agenda de seguridad, esencialmente para combatir “el terrorismo y la criminalidad”. Con este antecedente, en 2007, Bush y Calderón, acuerdan la Iniciativa Mérida para el combate del narcotráfico y el crimen organizado. Con esto EEUU logra establecer una presencia e injerencia militar sin precedentes dentro de México y sustituir de hecho la “línea fronteriza” por un “área fronteriza” (o zona de seguridad) que ocupa todo su territorio, en la que manda a través de asesores y agencias, donde pone dinero y algunos equipos militares y armas (los otros se los vende). Los costos propios de cualquier terreno de guerra: humanos (incluyendo los “daños colaterales”), sociales, políticos, etc. los pone México.
Ahora bien, ¿ésta estrategia de guerra ha sido eficaz para combatir el narcotráfico? No, sus resultados son un espectacular fracaso. Así lo han dicho, entre otros, militares, expertos, presidentes latinoamericanos… ¿Qué costo humano ha tenido? Durante los 6 años de presidencia de Calderón se estima (ni siquiera se hace un registro acabado de las víctimas) que murieron en el entorno de las 80.000 personas y desaparecieron unas 20.000. A la vista está que el gobierno de Peña Nieto es –aunque diga lo contrario- su continuidad. No es casual que el Gral. Oscar Naranjo, ex Director de la Policía Nacional de Colombia, sea su asesor. El incremento constante de asesinatos, torturados y desaparecidos, lo prueba. Ya las cifras rondan los 120.000 muertos y los 30.000 desaparecidos.
Entonces, ante tan costoso fracaso, ¿por qué se persiste en esta estrategia? Simplemente porque su finalidad antinarcotráfico es una gigantesca patraña. La militarización de México, que incluye la participación de la policía, de paramilitares, de agencias de seguridad privadas, tiene como verdaderos objetivos proteger los intereses estadounidenses y controlar a México y Centroamérica, por consiguiente preservar “la seguridad” de EEUU de un eventual gobierno popular, adverso a sus intereses, díscolo, en sus propias narices o en sus cercanías.
Los 43 estudiantes de magisterio rural de la Escuela de Ayotzinapa, la mayoría entre 18 y 21 años, son hijos de hogares humildes que estudiaban para educadores de las poblaciones campesinas aisladas y olvidadas, de los desposeídos, en un México profundo. Una tarea que honra a cualquier persona y que merecería el apoyo de todo gobierno de bien. ¿Por qué los desaparecieron? Tal vez por la misma razón por la que se ahoga con presupuestos insuficientes este tipo de Escuelas con asiento en los Estados más pobres de México.
El viernes 7, el Procurador General, en conferencia de prensa, comunicó que los estudiantes habían sido asesinados; que la policía que los había detenido los entregó a la delincuencia para que los mataran; que estos los mataron y quemaron los cuerpos, después trozaron los restos calcinados y los arrojaron al río. Tratarán de que se pueda hacer el ADN de estos trocitos para hallar la correspondencia con los de los muchachos. Nada dijo sobre la omisión del Estado, cuando se denunciaba a esas bandas criminales y su complicidad con las autoridades en crímenes anteriores... tampoco de las fosas clandestinas que aparecen por doquier.
¿En que se basa todo esta “explicación”? En las declaraciones de tres sicarios de la banda delincuencial a la que se le habría encomendado la tarea de asesinarlos y desaparecer sus restos. Los familiares no la aceptan.
En efecto, desde que desaparecieron los muchachos, el Estado no hizo más que señalar fosas y ofrecer dinero a los familiares para cerrar de una vez el caso.
¿No sabe, el Estado, que las muertes hay que certificarlas con evidencias?
¿Creerá el Procurador que se le va a creer a autoridades desprestigiadas, ligadas al crimen y a la corrupción, sin que muestren pruebas científicas, inobjetables, de lo que afirman? ¿No será que pretende echar un balde de agua fría sobre los reclamos por la vida?
Es que este “otro México” que nos revelan estos horrores, es trágico. Es un México incapaz de preservar y garantizar la vida (ni digamos de mejorarla), los derechos y las libertades de la población; que abdicó de la republicana separación e independencia de los poderes; que es prisionero de una rosca de militarismo, corrupción, política e impunidad conformada a lo largo de décadas, capaz de amañar elecciones y presentarse como una democracia consolidada; capaz, también, de manipular las autorías de los crímenes para ocultar el terrorismo de Estado. Este es el México que sufren sus ciudadanos, éste es el país donde se criminaliza la protesta, donde desaparecen cientos de migrantes centroamericanos que intentan cruzarlo para llegar a EEUU en busca de una sobrevivencia que no encuentran en sus países de origen, en el que se permite la esclavitud de las maquilas, donde se amenaza y aniquila a periodistas y activistas sociales sean trabajadores urbanos, campesinos, estudiantes o defensores de los derechos humanos… donde hay tantos horrores cotidianos.
Pero el México luminoso no está derrotado: vive en las multitudinarias manifestaciones; vive en miles de protestas; vive en las Marchas; en las denuncias fundadas de personas e instituciones; vive en la solidaridad de “las patronas”, esas maravillosas mujeres del pueblito de Guadalupe que con su esfuerzo cotidiano palian las desventuras de los migrantes; vive en la curia comprometida; vive en los movimientos campesinos e indígenas; en los sindicalistas y políticos decentes; vive en los denunciantes valientes y veraces; vive en el ciudadanía honrada… el día que esos cauces de rebeldía, de coraje, de construcción, de dignidad confluyan en un torrente de libertad no hay quien pueda pararlo. Para decirlo con palabras de Allende: "Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor". Esos fueron los torrentes que aquí, en el sur, horadaron las dictaduras y aún hoy horadan sus consecuencias.
Somos solidarios con las victimas del horror, con sus familiares y amigos, con los que ahora son reprimidos por manifestar por ellos, somos solidarios con el México luminoso. Es un deber de humanidad y un elemental compromiso latinoamericano.
Montevideo, 17/11/14
¡Vivos los
llevaron, vivos los queremos!
¡Verdad y
justicia!
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos
Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU)
Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional
de Trabajadores (PIT-CNT)
Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda
Mutua (FUCVAM)
Federación Sindical Mundial _Coordinadora Uruguay
Proderechos
Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)
Comisión Nacional de Organizaciones Sociales del Uruguay
(CO.N.O.S.UR)
Uruguay por Ayotzinapa
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