Trabajar contra
es tener información del
presente y prever el futuro.
En América Latina solemos relacionar la
DF con la práctica criminal - mecanismo represivo de la “contrainsurgencia” - que
tuvo por víctima al “opositor político”.
Efectivamente, en plena Guerra Fría, las
directivas para el hemisferio eran que todo “disidente” - sea político, social
u opositor a los regímenes dictatoriales o autoritarios -, se catalogara de
“comunista”, construyendo una polarización social sobre la figura del “enemigo
interno” que, bajo el sustento de la “Doctrina de la Seguridad Nacional ”
o la mera supresión de las reivindicaciones sociales en regímenes formalmente democráticos,
autorizaba su aniquilamiento.
Así lo fue. No obstante, también en esa época desaparecían personas por
el “pecado” de sus condiciones y/o circunstancias, valiéndose de la perversa
maquinaria - pública y paraestatal - diseñada para la eliminación. Ejemplo
lo es Guatemala, país en el cual se adicionó una “razón de estado” racista que
dirigió el exterminio de la comunidad maya, así la “Comisión para el
Esclarecimiento Histórico” señala: “Las
evidencias, a lo largo de la historia guatemalteca, y con toda crudeza durante
el enfrentamiento armado, radican en que la violencia fue dirigida
fundamentalmente desde el Estado, en contra de los excluidos, los pobres y,
sobre todo, la población maya, así como en contra de los que luchaban a favor
de la justicia y de una mayor igualdad social.” (“Memoria del Silencio”, Edición
1999). Y ejemplo lo es, entre otros, la “banda” de Aníbal Gordon en los
objetivos de sus “múltiples” actividades ilícitas en Argentina.
En la actualidad - escenario mundial
hegemónico y global - las “viejas” modalidades de la DF siguen presentes en
sociedades fragmentadas que amplían los sectores de vulnerabilidad y, a su vez, presenciamos cómo los discursos
imperantes - amenaza a la seguridad internacional, crimen organizado,
inseguridad, etc. - moldean sus nuevas formas.
El siglo XXI amaneció signado por las
guerras que Bush declaró al “Eje del Mal” - concepto que abarca países, etnias,
religiones, terrorismos y traficantes varios-, y la
DF se integra a la represión llevada en distintos lugares del
planeta por el -a la sazón- único y poderoso
imperio que se arroga la exclusividad de rehacer el mundo en función de sus
intereses y su excepcional destino de defensor de la libertad. Como expresó Cofer Black -
director del Centro de Contraterrorismo de la CIA de 1999/2002 - ante la Comisión sobre el 11 de Septiembre "Todo
lo que tengo que decir es que hubo un antes y un después del 11- S. Después del
11-S se acabaron las contemplaciones […] El único camino es la persecución
implacable, sin límites, agresiva, mundial de todo terrorista que nos amenace
[…]"
En efecto, después del 11-S se detuvo en
centros clandestinos dentro de EEUU a personas de origen árabe que allí
residían legalmente, negándose su detención y lugar de reclusión (presos fantasmas), así como todo otro
derecho a los prisioneros.
Las cárceles clandestinas de la CIA (black sites), en distintos
países del mundo albergaron miles de personas “desaparecidas” (prisioneros fantasmas), torturadas y si
se consideraba necesario, trasladadas clandestinamente a otros países en vuelos
charter (programa Rendición
Extraordinaria), calculándose que existieron más de 2000 vuelos
clandestinos - más de 1000 con escala en Europa -. Finalmente, la mayoría serían
confinados en cárceles como Abu Ghraib (Irak), Bagram (Afganistán) y Guantánamo
(Cuba), todas administradas por las FFAA de EEUU. Amnistía
Internacional señala que “La magnitud del
programa de "entregas extraordinarias" es difícil de determinar,
debido al hermetismo que rodea a esta práctica y a que muchas víctimas han
"desaparecido". (“Estados Unidos de América - Fuera del radar:
vuelos secretos a la tortura y la desaparición”).
Tales desapariciones han sido condenadas
internacionalmente, la comunidad europea se ha visto enfrentada a la misma
desde el llamado Informe Marty del Consejo de Europa, y el Tribunal Europeo de
DDHH ha emitido varias condenas por la práctica de las “entregas
extraordinarias” señalando que conducirían al crimen de desaparición, como contra la ex República Yugoslava
de Macedonia en 2012. A
nivel de ONU dicha práctica aparece en la agenda del Grupo de Trabajo contra
las Desapariciones Forzadas, claro está que cuando las denuncias involucran a
EEUU únicamente puede instarle a que “…firme y ratifique la Convención Internacional …”,
indudablemente tal omisión garantiza, como en otros casos, su impunidad
internacional.
En las guerras que se libran últimamente
tanto en Asia (Cercano y Medio Oriente) como en África (Magreb, Sahel y Cuerno
de África), la práctica de la detención, tortura y desaparición de personas es
habitual. En algunos países (Bangladesh, India, Mali, Pakistán, Sri Lanka,
Sudan, Líbano, Irak, Siria) es habitual en la actualidad, en otros (Filipinas,
Indonesia, Timor Oriental, Nepal,
Argelia, Egipto, Marruecos, Sahara Occidental y los países latinoamericanos)
restan pendientes miles de casos en los que los Estados no se han hecho
responsables. ICAED[1], ha
hecho las denuncias correspondientes.
En la actualidad de América Latina, dos
países llaman la atención por la masividad de la represión y la consiguiente cantidad
de violaciones a los DDHH: Colombia y México.
Ambos habían conocido en décadas
anteriores la DF :
período de desapariciones selectivas en
Colombia (1977-90); de guerra sucia
en México (años ’60 y ’70).
Terminada la
Guerra Fría , se aplican sendos planes militares conjuntos con
EEUU con la finalidad del combate al narcotráfico- Plan Colombia (1999,
Pastrana - Clinton) y Plan Mérida (2007, Calderón - Bush) -: militarismo,
paramilitarismo y mercenarización se instalan.
Ambos caen en verdaderas catástrofes humanitarias: la Unidad de Justicia y Paz de
la Fiscalía General
de la Nación
de Colombia, reportó a mayo de 2011, un total de 32.000 casos de desapariciones
forzadas cometidas por grupos paramilitares (además de las FFAA y de Seguridad).
“Muy a menudo las víctimas son líderes
sociales o comunitarios, personas campesinas que se resisten a abandonar sus
tierras y que son víctimas de desaparición forzada como un medio de despojo. Los
datos de la Mesa ,
registran que el 46,1% de los casos documentados hasta ahora, corresponden a
personas campesinas. En el segundo caso, las desapariciones tienen el objetivo
de imponer determinadas reglas de conducta o modelos de sociedad, de tal manera
que las víctimas son aquellas personas que, o bien no encajan en ese modelo
(por ejemplo, personas socialmente marginadas, personas discriminadas en razón
de su orientación sexual, mujeres trabajadoras sexuales, entre otros), o bien
no acatan las reglas impuesta.”[2]
En México, el gobierno federal ha reconocido que hay al menos
26.000 personas registradas como desaparecidas o no localizadas en los seis
últimos años (sexenio de Calderón). Organizaciones de DDHH refieren a la
existencia de nuevos patrones respecto a la década de los 70 - “nuevas
desapariciones” -, casos en donde ni las víctimas ni sus familiares estaban
politizadas, cometidos por agentes estatales o por particulares en connivencia
con ellos, respecto de los cuales resulta más complejo investigar y establecer
las cadenas de responsabilidad, casos en los cuales aún las víctimas son más
estigmatizadas.
Por su parte, los informes de la Campaña Nacional
contra la DF en México, señaló que en el período enero 2011/febrero 2012,
fueron víctimas de desaparición más defensores de DDHH y líderes sociales que
en los cinco años anteriores.
Por último, del segundo semestre de 2008 a junio de 2009,
organizaciones de trabajo humanitario con migrantes denunciaron otro tipo de
violación a sus derechos: documentaron testimonios de cerca de 10.000 eventos
de secuestro de migrantes en su tránsito por territorio mexicano (“Informe
especial sobre los casos de secuestros de migrantes. Bienvenidos al infierno
del secuestro”, Comisión Nacional de DDHH, 2009).
Debemos recordar que las distintas
regiones latinoamericanas tienen sus respectivos proyectos de seguridad
patrocinados por los EEUU. Así, además de los descriptos, en Centro América
está el CARSI[3], en el Caribe el CBSI.[4]
También tenemos que tener presente que en lo que va de este siglo el número de
bases extranjeras en AL llega a 47.
La militarización de la problemática de
la seguridad pública, el uso de fuerzas mercenarias, la transformación de las
fuerzas militares tradicionales en fuerzas de tipo irregular, debe preocuparnos
sobremanera ante los resultados catastróficos que, la aplicación de planes como
los mencionados, han recaído sobre los sectores más vulnerables de nuestras
sociedades.
Nada nos debiera ser ajeno.
Gesalc/Familiares,
2014
Contacto:
[1] International Coalition Against Enforced
Disappearances
[2] Observatorio de derechos humanos y
derecho humanitario
Desapariciones forzadas en
Colombia. En búsqueda de la
justicia. Mesa de trabajo sobre Desaparición Forzada
de la
Coordinación Colombia-Europa -Estados Unidos. Bogotá, mayo
2012
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