Montevideo, diciembre de
2013.
Hay fechas que imponen
análisis de situación, afirmaciones y rectificaciones. El 10 de
diciembre es una de ellas. Su significación es mundial
porque nos recuerda a todos la proclamación de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, aquella respuesta y luz de
esperanza nacida desde lo hondo de una humanidad aún perpleja y
diezmada por los horrores de la primera mitad del siglo XX, pero que
había comprendido que el camino para restañar heridas, preservar la
vida humana, garantizar la libertad y la paz entre las personas y los
pueblos es el respeto a los derechos y los deberes que ella consagra.
Es bueno que en cada país
se haga un balance teniéndola como referencia para no perder el
rumbo en cuestiones esenciales.
2013 cierra con un saldo
negativo tanto en nuestra América (Haití, Honduras, México,
Colombia –a pesar de las conversaciones para la paz-, etc.) como en
otras regiones del mundo (Medio Oriente, Asia Central, Sudeste
Asiático, Norte de África y Sahel, etc.).
El espionaje a gran
escala, el uso de armas químicas y aviones no tripulados con las
secuelas de “daños colaterales”, la existencia de prisiones
clandestinas –cuyo paradigma es la base de Guantánamo-, las
“guerras preventivas”, la desigualdad tremenda de la distribución
de la riqueza que cada vez se concentra en menos manos y la
existencia de pueblos en la mayor de las miserias, dan la impresión
de que el mundo está en manos de matones que no respetan leyes,
fronteras ni personas, cuando van tras la única e inconfesable meta
de la máxima ganancia. Las potencias hegemónicas, heridas por sus
crisis, se lanzan sobre el resto del mundo desenfrenadamente. Pésima
noticia y peor ejemplo para los millones de habitantes de un mundo a
cuya naturaleza tampoco dejan de degradar.
En nuestro país, ha
habido avances tanto en el área económica y social como en la
llamada “agenda de derechos”. Sin embargo las denuncias de malos
tratos, torturas, ejecuciones extrajudiciales en las cárceles como
el asesinato de personas desarmadas por parte de la Policía, ponen
en tela de juicio no sólo el accionar de esta institución sino la
mentalidad y la formación de esta fuerza cuya principal misión es
garantizar los derechos y las libertades de todos los habitantes del
país. Plantea también la
ineludible cuestión de las responsabilidades políticas de quienes
son sus jerarcas y responsables en el ámbito gubernamental.
Si estos hechos son
preocupantes y dolorosos, no lo son menos las reacciones y las
soluciones propuestas por importantes sectores políticos.
Todos sabemos que nuestra
sociedad está fragmentada, que hay problemas de exclusión, de
violencia y delincuencia. Todos ellos multifactoriales, de difícil y
larga resolución.
También sabemos que no
hay un solo tipo de delincuencia sino varios: la derivada de la
violencia doméstica (causante del mayor número de asesinatos); la
de las estafas, evasiones y blanqueo de capitales; la del tráfico de
drogas, armas y personas y la común, la de los hurtos, rapiñas y
asaltos a personas y pequeños comercios. Ésta es la que nos agrede
directamente en nuestra vida cotidiana y la que, naturalmente, nos
despierta miedo y aversión. Es
ésta la que, al generar una alta “sensación térmica” en la
población, ha sido elegida como joya preciada de la campaña
electoral. En aras de su combate se levantan “soluciones”
salvadoras: implicar a los militares en la seguridad interna,
militarizar la policía, reforzar a los cuerpos de choque
(Republicana), bajar la edad de imputabilidad, aumentar las penas.
Todas de tipo represivo, todas enfocando un aspecto y desenfocando el
problema. Todas como soluciones mágicas. Todas en contra de lo
aconsejado en la materia por los que, nacional e intencionalmente, se
dedican al tema; todas poniendo a la sociedad como víctima pasiva,
con una sola forma de ser activa: armarse y repeler la agresión.
La llamada “mano dura”
se ha convertido en una consigna electoral con la que se responde al
visceral clamor de una sociedad a la que se visualiza más como una
hinchada que como la realidad compleja que es. Realidad que en su
complejidad generó las causas profundas de la misma delincuencia que
ahora la agrede, pero que también es el único ámbito desde donde
nacerán las soluciones que permitirán su progresiva erradicación.
Es necesario resignificar distintos procesos como la educación, la
rehabilitación, la convivencia y el papel de instituciones y
personas para cohesionar la sociedad.
La “mano dura” cuyo
fundamento parece ser el de eliminar lo que me molesta no sólo es
irresponsable, también es peligrosa. Ella nos puede llevar a una
espiral de odio, violencia y venganzas como ya se ha visto en otros
países de la región. Nosotros no somos expertos en el tema, pero sí
sabemos a dónde se puede llegar con la lógica de la represión. Lo
conocimos en nuestro país en el pasado, lo vemos en México con la
inútil guerra desatada contra el narcotráfico, que no sólo no lo
eliminó sino que lo incrementó, dejando el saldo de decena de miles
de muertos y de secuestrados entre los “no-combatientes”, es
decir dentro de la población ajena al conflicto que siempre termina
siendo la víctima inerme.
Lo vemos en Colombia y en
Centro América con los “grupos de autodefensa” que se han
convertido en la principal fuente del accionar violento y delictivo.
Primitivamente alentados para el combate irregular de “terroristas”,
luego de narcotraficantes son ahora poderes fácticos que han
sustituido en varias regiones al Estado (que los patrocinó),
imponiendo su “ley”, es decir su arbitrio, secuestrando,
torturando y matando a todo aquel que consideran su enemigo, desde el
delincuente de poca monta que no “trabaja” para ellos hasta los
activistas sociales y de los derechos humanos que los denuncian y
enfrentan intereses de sus “aliados”.
Así, sucesivamente, hay
muchas realidades que nos advierten sobre las formas
predominantemente represivas y violentas para combatir el delito.
Desearíamos que los
políticos de nuestro país fueran conscientes de los riesgos; que
promovieran el análisis profundo del problema, incluyendo la
educación en el respeto a los otros, el combate a la violencia
intrafamiliar, sobre las
mujeres, los niños, los desvalidos. El cómo generar una verdadera
cultura de paz y convivencia, cómo disminuir los abismos sociales,
cómo depurar la corrupción policial.
Invitamos a todos a
reflexionar sobre estos temas, a contribuir cada cual con lo que esté
a su alcance para mejorar a nuestra sociedad, a generar un clima de
paz, de verdad, de comprensión y de justicia.
Estamos seguros que
nuestra sociedad alberga en su seno las fortalezas para hacer de
nuestro país un lugar donde valga la pena, sea grato y seguro vivir.
Es función de la
política concebir y efectivizar los programas para encontrarlas,
potenciarlas y organizarlas. Esa es parte de la pedagogía inherente
a las organizaciones políticas y sociales. Esa es la seriedad que se
exige, tan opuesta al arreo facilongo y bravucón que propugnan y del
que hacen propaganda algunos senadores de la República. Tan opuesta
también a la superficialidad campechana de decir que se “pasaron
de la raya”. No señor, no
son errores ni excesos, son muestras del uso indiscriminado del
poder, son delitos para los que no cabe otra cosa que la rigurosa
aplicación de la ley y la revisión crítica de en qué manos
estamos poniendo las instituciones coercitivas del Estado.
Nos duele que en nuestro
país, después de todo lo vivido y construido, fuerzas del orden
torturen y asesinen personas indefensas. Nos duele y nos indigna. No
cejaremos en la denuncia de estos atropellos ni en los intentos
destinados a que nuestro pueblo reflexione sobre sus problemas y los
resuelva con lo mejor que los seres humanos tenemos: la capacidad de
informarnos, de pensar, de comprender, de crear, de ser fraternales.
Recordemos la
Declaración:
Art. 1 “Todos
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros.”
Art. 5 “Nadie
será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes.”
Invitamos a todos a
homenajear a las víctimas del terrorismo de Estado el martes 10 de
diciembre en el Memorial de los detenidos desaparecidos del Parque
Vaz Ferreira a las 19 hs. y convocamos a la marcha impulsada por el
Colectivo de Vecinos de Santa Catalina el miércoles 11 de diciembre,
a las 19 hs., desde el Obelisco hasta la Universidad.
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