COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
En el día de ayer, miércoles 13 de febrero, se dio a
conocer la intempestiva decisión de la Suprema Corte de Justicia de trasladar a la Dra. Mariana Mota al
ámbito de lo civil, desafectándola de su titularidad en el juzgado penal. Esta sede tiene más de de cincuenta causas
referidas a las gravísimas violaciones a los Derechos Humanos acaecidas durante
el terrorismo de Estado que han sido diligenciadas con rigor, seriedad y respeto.
Resultan de público conocimiento los obstáculos que debió
enfrentar por parte del propio Estado y de autoridades del gobierno para llevar
adelante estas investigaciones, así como los múltiples cuestionamientos y
advertencias recibidas por parte de la corporación ante expresiones vertidas
respecto del sistema judicial así como a su participación en eventos tanto
sociales como académicos.
Despersonalizando esta situación concreta, denunciamos
esta práctica que se manifiesta de forma reiterada e inequívoca a lo largo de
estos años, que evidencia la intención de mantener intacta la impunidad.
Una de las mayores fortalezas de un estado democrático es contar con un sistema jurídico que
otorgue las mayores garantías a sus ciudadanos, mediante un conjunto de normas
que asegure plenamente la defensa y protección de todos y cada uno de sus
derechos fundamentales.
La consolidación de lo antes expuesto supone, rigurosamente,
la independencia de sus magistrados de forma tal, que fortalezca el desarrollo
de las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos, la
aplicación de la normativa legal y su Constitución como eje primordial de un
Estado y en consonancia y armonía con las normativas supra nacionales.
El órgano supremo del Poder Judicial debe a su vez garantizar
de manera categórica, a sus magistrados y funcionarios, el ejercicio pleno de
las facultades por él concedidas sin tener que estar expuestos a la voluntad o
presión de otros poderes públicos o a cualquier opinión, sea cual fuere el
lugar de donde provengan.
El requisito de la permanencia de los/as jueces/as en sus cargos refuerza,
indiscutiblemente, el desarrollo fluido y permanente de las etapas procesales
garantizando el cumplimiento del debido proceso y por ende, la fortaleza de
cualquier sistema judicial.
Manifestamos nuestra profunda preocupación frente a esta
resolución de la Suprema
Corte de Justicia debido a que no se trata del primer
desplazamiento de un magistrado que tiene a su cargo causas vinculadas a las
gravísimas violaciones a los Derechos Humanos de nuestro pasado reciente
cometidas por el Estado. Cada denunciante, cada familiar, cada víctima sigue
viendo afectado su derecho a acceder a la justicia y la verdad, mientras un
nuevo magistrado toma conocimiento de cada expediente para reconstruir nuevamente las pruebas,
dilatando los procesos por años.
Esta decisión obstaculiza y enlentece el esclarecimiento de
los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado, referido a delitos de
tortura, secuestro, desaparición forzada, violación y prisión prolongada entre
otros, lesionando la integridad de un estado democrático y la imprescindible
construcción de ciudadanía para el ejercicio pleno de las garantías de
cualquier colectivo social.
Constituye también un nocivo mensaje de falta de voluntad
política para colaborar en el cumplimiento de la sentencia pronunciada por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos que recae sobre nuestro país.
Perpetuar la impunidad es la garantía para denigrar a la
condición humana en todas sus expresiones y la certeza de construir sociedades
cada vez más injustas y violentas para las generaciones venideras.
Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos
Hijos Uruguay
Asociación de ex pres@s polític@s Crysol
Servicio Paz y Justicia de Uruguay
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