En el día de ayer se lanzó la campaña para anular la ley de caducidad. Los familiares exhortamos a la ciudadanía a agregar a su voto, la papeleta rosada por el sí a la anulación de la impunidad. ¡Todos juntos podemos!
jueves, 30 de julio de 2009
Convocatoria a la ciudadanía
Montevideo, 29 de julio de 2009
Ciudadanas y ciudadanos uruguayos:
Han pasado veinte años desde aquel referéndum en el que los uruguayos a través del voto verde y del voto amarillo opinamos sobre una cuestión tan fundamental para la vida institucional y democrática del país. En aquella oportunidad entre quienes votaron por mantener la ley, algunos estaban convencidos que de esa forma se podría cerrar una etapa dolorosa de nuestra historia y otros lo hicieron guiados por el temor de poner en riesgo la democracia. Todos sin excepción, sabiendo que los militares estaban dispuestos a desacatar nuevamente las instituciones desconociendo la autoridad del Poder Judicial. En aquel entonces, la información que teníamos sobre los crímenes de la dictadura era escasa y fragmentada. Las denuncias que se formulaban por entonces eran sistemáticamente desacreditadas y tildadas de fantasiosas o políticamente interesadas.
Como resultado de aquél referéndum, la ley de caducidad continuó vigente y con ella se han mantenido hasta el presente sus efectos para la sociedad y para nuestro sistema democrático. Vivimos con heridas abiertas que la ley impide cerrar, al violentar la separación de poderes, al impedir la independencia del Poder Judicial, al evitar que los jueces puedan investigar, al evitar que puedan averiguar que pasó y juzgar a los responsables. Heridas que la ley mantiene abiertas al obstaculizar que se haga justicia con las víctimas de la dictadura y que los restos de los desaparecidos sean entregados a sus familiares.
Hoy -lamentablemente- se ha confirmado de manera rotunda lo que en aquel entonces se negaba enfáticamente: la existencia de un plan coordinado entre las dictaduras del Cono Sur para exterminar toda forma de oposición y disidencia en la sociedad. Un plan que apeló a los más crueles recursos posibles, que usó la tortura, la violación, el asesinato y la desaparición de personas, el secuestro de niños a quienes se les robó su identidad, matando además a sus padres.
Los uruguayos pudimos recuperar en estos últimos tiempos los restos de algunos de éstos uruguayos desaparecidos, asesinados y enterrados al amparo de la noche, en predios militares nacionales o en fosas encontradas en el territorio de otros países. Muchos otros -la mayoría- continúan desaparecidos. Algunos niños, hoy, han recuperado su identidad, de otros seguimos sin saber.
Los uruguayos tenemos el derecho a saber que fue lo que sucedió y a saber quienes fueron los responsables de los crímenes. El imperio de la verdad y de la justicia es imprescindible para poder construir una verdadera democracia, una sociedad fuerte y una ciudadanía crítica y responsable de sus actos. Sin embargo esta ley supone un obstáculo para alcanzar el conocimiento de lo ocurrido y protege a quienes cometieron crímenes amparados en sus uniformes o desde el poder del Estado, negándo a las víctimas, a sus familiares y a toda la sociedad, la necesaria justicia.
Los uruguayos tenemos entonces la responsabilidad de restituirle al Poder Judicial su total independencia, restableciendo la debida separación de poderes y garantizando la igualdad de todos ante la ley. La comunidad internacional también nos exige cumplir con nuestras obligaciones para con las normas del derecho internacional y que anulemos esta ley que protege a quienes han realizado actos equiparables a los cometidos por los nazis en la segunda guerra mundial.
Los crímenes de lesa humanidad, los crímenes cometidos por los Estados contra su población, el Terrorismo de Estado, no pueden quedar amparados por ninguna ley de perdón, de amnistía, de punto final o de caducidad, pues la acción libre de la justicia es la única garantía de los pueblos contra el ejercicio indiscriminado de la violencia por parte de los Estados y contra la Impunidad. Exculpar o pretender explicar los crímenes de lesa humanidad implica justificarlos y por lo tanto aceptar que puedan existir circunstancias donde se puedan reiterar.
En octubre los uruguayos estaremos frente a una decisión trascendente. Luego de veinte años, durante los cuales la desinformación, el ocultamiento y la mentira fueron la pauta, y sin haber podido resolver adecuadamente un tema que es de todos, asumiremos nuevamente la responsabilidad soberana de decidir en qué tipo de sociedad queremos vivir y -fundamentalmente- sobre qué valores queremos que se afirme esta sociedad que dejaremos a las generaciones que vendrán. Sin importar el signo político de un gobierno, su principal responsabilidad será siempre defender, el respeto a los Derechos Humanos, a la vida y a la condición humana.
Podemos elegir por el valor de la verdad, de la justicia, de la independencia de poderes y de la igualdad de todos ante la ley. O podremos elegir por la no reconstrucción de la Memoria Colectiva y por la impunidad que sientan un precedente para el futuro.
Podemos defender valores de respeto y de tolerancia, independientes de las ideologías, los partidos políticos o las creencias, desarrollando una democracia que se afirme en los derechos humanos. O podremos optar por una sociedad donde algunos asuman que desde el Estado pueden matar a otros por el solo hecho de pensar diferente o de resistir el atropello y la opresión.
Es por todo esto que nosotros, ciudadanas y ciudadanos uruguayos, pertenecientes a distintos partidos políticos y movimientos sociales del país, manifestamos que el próximo 25 de octubre del 2009, día de las Elecciones Nacionales, junto con el voto por la opción electoral de nuestra preferencia, nos pronunciaremos también por el SI para anular la ley de caducidad. No es un tema partidario sino un tema de principios, de valores éticos y morales. Los pueblos tenemos el derecho de anular aquellas leyes que fueron impuestas bajo mentira, engaño, presión o amenaza. Y tenemos el deber de hacerlo para poder construir una sociedad mejor.
La impunidad es contraria a la paz. Todos buscamos la paz y pretendemos la construcción de una sociedad que pueda convivir en armonía. Pero la paz no se impone, ni se puede lograr a costa del sometimiento y del silencio de las víctimas. La paz no se puede lograr llamando a silencio y al olvido al niño y a la mujer que son víctimas de violencia doméstica. No se puede lograr proponiendo impunidad para el violador y acusando de provocadora a la mujer violada. No se puede lograr si descalificamos a quienes piensan distinto. No se puede lograr si acusamos de revanchistas a quienes piden justicia y de revisionistas a quienes aspiran a saber qué fue lo que pasó. Todos buscamos la paz, pero no una paz artificial y generadora de mas violencia, basada en la sola represión que propugna la prisión incluso de niños que delinquen, al tiempo que protege a represores criminales. La única paz genuina es la que se logra cuando impera la verdad, cuando la víctima tiene voz y encuentra protección en la acción de la justicia.
Votar SI en el plebiscito es optar por la vida, por la verdad, por la democracia plena y por el respeto irrestricto a los Derechos Humanos. Es defender y promover la tolerancia y el respeto a la persona en todas sus dimensiones. Es afirmar el valor de la justicia, la importancia de la memoria como construcción colectiva de un pasado sobre el que todos debemos reflexionar y aprender. Es afirmar la indeclinable responsabilidad del Estado en el respeto a los derechos fundamentales. Es entender la defensa de los Derechos Humanos como una cuestión integral que no admite interpretaciones oportunistas y que trasciende fronteras partidarias y preferencias electorales porque afecta los valores esenciales de nuestra cultura política.
Nosotros, ciudadanas y ciudadanos uruguayos, nos comprometemos con el SI para anular la ley de caducidad. Nosotros, ciudadanas y ciudadanos uruguayos, los invitamos a construir con vuestro voto por SI una sociedad más justa y verdaderamente democrática.
martes, 28 de julio de 2009
lunes, 27 de julio de 2009
Terrorismo de Estado y desaparecidos
http://www.larepublica.com.uy/politica/374303-terrorismo-de-estado-y-desaparecidos
26/07/2009
Miranda. "El titular de ese bien jurídico tutelado somos todos, porque es a todos que va dirigido"
"Terrorismo de Estado y desaparecidos"
"Yo no hago desaparecer a Julio Castro por Julio Castro, ni a Elena Quinteros por Elena Quinteros; los hago desaparecer para que todos nos inmovilicemos y para que todos tengamos conciencia de que a cualquiera nos puede pasar; ahí está el juego del terror y del terrorismo", afirmó Javier Miranda।
Doctor Javier Miranda. "Nos estamos jugando cómo queremos vivir en sociedad"
El abogado, activista por los derechos humanos e integrante de la Federación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, fue uno de los oradores ayer en el seminario "El Informe Orletti. Conexión Internacional", que formó parte de la muestra sobre este tema que se realizó en el Museo de la Memoria. El encuentro tuvo lugar en el Bazar de las Culturas (ex Bazar Mitre), ubicado en la Avda. 18 de Julio 885.Durante su intervención, titulada "El terrorismo de Estado y la figura del desaparecido", Miranda comenzó aclarando algo que reitera en cada una de sus exposiciones sobre estos asuntos, relativa a su condición de hijo de desaparecido: "Asumo una actitud no imparcial en el relato; no soy imparcial, no puedo serlo y no creo que sea cierto serlo"."Por el hecho de ser un hijo de desaparecido, no tengo más o menos crédito en la elaboración de los relatos: descreo, reniego, protesto contra la nobleza del dolor", enfatizó. "Pretendo sí ser riguroso, serio, ser abierto al diálogo y al debate, que creo que es el objeto y la razón de ser de este tipo de seminarios".Miranda opinó que "en estas discusiones desde la desaparición forzada, el terrorismo de Estado, las construcciones de memoria, nos jugamos mucho más que los recuerdos, como simple reproducción de algo que pasó, nos jugamos más que los afectos y las broncas, que también existen y que las reivindico como tales; intentaré deslizar una explicación de que también nos estamos jugando institucionalidades, nos estamos jugando tecnologías sociales, nos estamos jugando cómo queremos vivir en sociedad".Más adelante, Miranda recordó que el Estatuto de Roma establece que "la práctica sistemática o masiva de la desaparición forzada, entre otros, constituye un crimen contra la humanidad".En este sentido, se refirió a la tipificación de los delitos, durante la redacción de una norma por parte del legislador, señalando que "en la creación de los tipos penales, por un lado se describe una conducta típica, o sea, se hipotetiza una cierta conducta, una determinada forma de actuar que se va a calificar como delito, pero en el desarrollo del pensamiento de la teoría penal, aparece como central no sólo la descripción de la conducta típica, sino cuál es el bien jurídico tutelado, qué es lo que yo pretendo proteger a través de la formulación del enunciado normativo"."No alcanza con describir una conducta tipificada como antijurídica por el sistema normativo, sino que es necesario que esa conducta dañe, provoque una lesión a algo que yo considero valioso, lo que en la jerga jurídica se llama el bien jurídico tutelado", explicó.A su entender, "el centro del crimen contra la humanidad está en el bien jurídico tutelado, que es precisamente la humanidad".Agregó que en este caso "el bien jurídico tutelado no es esa persona, esa vida, esa integridad física, sino que es la humanidad. Esto es bien interesante, porque permite separar lo que es una violación de derechos humanos de lo que es un delito"."¿Cuál es el objeto de la práctica sistemática de las violaciones a los derechos humanos como la desaparición forzada, pero también la tortura, el destierro, el exilio? ¿Para qué se instrumentan este tipo de formas represivas?", preguntó y de inmediato respondió: "Para infundir el terror; por eso el bien jurídico tutelado es la humanidad y no la persona concreta de carne y hueso, su integridad física y su vida"."Por eso la tipificación como crimen contra la humanidad es una categoría distinta a la del delito de homicidio, de lesiones gravísimas, lesiones graves o la tortura. Es una práctica que se utiliza para infundir el terror, para inmovilizar, para desmovilizar, para desestimular toda pretensión de disidencia. El titular de ese bien jurídico tutelado somos todos, porque es a todos que va dirigido"."Yo no hago desaparecer a Julio Castro por Julio Castro, ni a Elena Quinteros por Elena Quinteros, los hago desaparecer para que todos nos inmovilicemos y para que todos tengamos conciencia de que a cualquiera nos puede pasar, de que nadie está libre. Ahí está el juego del terror y del terrorismo", enfatizó."Es la sociedad la víctima, somos cada uno de nosotros, nos pasó a todos", afirmó. Tras realizar un análisis desde el punto de vista de la filosofía analítica del derecho, Miranda preguntó "¿Qué se quiere decir con eso de la figura del desaparecido?"."Una tendencia que tenemos los que trabajamos con el derecho es disparar rápidamente hacia la figura de tipificación del delito", explicó. "En la tipificación penal, la desaparición forzada es, básicamente, la privación de libertad de una persona, seguida del ocultamiento de su paradero. Ese es el modelo del tipo delictual; ese podría ser uno de los significados de lo que se llama la figura. Pero además esa figura es una de las formas aplicadas de la represión", reflexionó.El profesional dijo que comparte plenamente la afirmación de que "el problema de los hijos de los desaparecidos no es la ausencia de sus padres, si no el exceso de su presencia; quiero coincidir absolutamente y vivencialmente. El fenómeno de la desaparición, en esta significación, es netamente un fenómeno de memoria, es un figurar, un no querer desarraigarlo, un involucrarlo en el discurso de la memoria".
26/07/2009
Miranda. "El titular de ese bien jurídico tutelado somos todos, porque es a todos que va dirigido"
"Terrorismo de Estado y desaparecidos"
"Yo no hago desaparecer a Julio Castro por Julio Castro, ni a Elena Quinteros por Elena Quinteros; los hago desaparecer para que todos nos inmovilicemos y para que todos tengamos conciencia de que a cualquiera nos puede pasar; ahí está el juego del terror y del terrorismo", afirmó Javier Miranda।
Doctor Javier Miranda. "Nos estamos jugando cómo queremos vivir en sociedad"
El abogado, activista por los derechos humanos e integrante de la Federación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, fue uno de los oradores ayer en el seminario "El Informe Orletti. Conexión Internacional", que formó parte de la muestra sobre este tema que se realizó en el Museo de la Memoria. El encuentro tuvo lugar en el Bazar de las Culturas (ex Bazar Mitre), ubicado en la Avda. 18 de Julio 885.Durante su intervención, titulada "El terrorismo de Estado y la figura del desaparecido", Miranda comenzó aclarando algo que reitera en cada una de sus exposiciones sobre estos asuntos, relativa a su condición de hijo de desaparecido: "Asumo una actitud no imparcial en el relato; no soy imparcial, no puedo serlo y no creo que sea cierto serlo"."Por el hecho de ser un hijo de desaparecido, no tengo más o menos crédito en la elaboración de los relatos: descreo, reniego, protesto contra la nobleza del dolor", enfatizó. "Pretendo sí ser riguroso, serio, ser abierto al diálogo y al debate, que creo que es el objeto y la razón de ser de este tipo de seminarios".Miranda opinó que "en estas discusiones desde la desaparición forzada, el terrorismo de Estado, las construcciones de memoria, nos jugamos mucho más que los recuerdos, como simple reproducción de algo que pasó, nos jugamos más que los afectos y las broncas, que también existen y que las reivindico como tales; intentaré deslizar una explicación de que también nos estamos jugando institucionalidades, nos estamos jugando tecnologías sociales, nos estamos jugando cómo queremos vivir en sociedad".Más adelante, Miranda recordó que el Estatuto de Roma establece que "la práctica sistemática o masiva de la desaparición forzada, entre otros, constituye un crimen contra la humanidad".En este sentido, se refirió a la tipificación de los delitos, durante la redacción de una norma por parte del legislador, señalando que "en la creación de los tipos penales, por un lado se describe una conducta típica, o sea, se hipotetiza una cierta conducta, una determinada forma de actuar que se va a calificar como delito, pero en el desarrollo del pensamiento de la teoría penal, aparece como central no sólo la descripción de la conducta típica, sino cuál es el bien jurídico tutelado, qué es lo que yo pretendo proteger a través de la formulación del enunciado normativo"."No alcanza con describir una conducta tipificada como antijurídica por el sistema normativo, sino que es necesario que esa conducta dañe, provoque una lesión a algo que yo considero valioso, lo que en la jerga jurídica se llama el bien jurídico tutelado", explicó.A su entender, "el centro del crimen contra la humanidad está en el bien jurídico tutelado, que es precisamente la humanidad".Agregó que en este caso "el bien jurídico tutelado no es esa persona, esa vida, esa integridad física, sino que es la humanidad. Esto es bien interesante, porque permite separar lo que es una violación de derechos humanos de lo que es un delito"."¿Cuál es el objeto de la práctica sistemática de las violaciones a los derechos humanos como la desaparición forzada, pero también la tortura, el destierro, el exilio? ¿Para qué se instrumentan este tipo de formas represivas?", preguntó y de inmediato respondió: "Para infundir el terror; por eso el bien jurídico tutelado es la humanidad y no la persona concreta de carne y hueso, su integridad física y su vida"."Por eso la tipificación como crimen contra la humanidad es una categoría distinta a la del delito de homicidio, de lesiones gravísimas, lesiones graves o la tortura. Es una práctica que se utiliza para infundir el terror, para inmovilizar, para desmovilizar, para desestimular toda pretensión de disidencia. El titular de ese bien jurídico tutelado somos todos, porque es a todos que va dirigido"."Yo no hago desaparecer a Julio Castro por Julio Castro, ni a Elena Quinteros por Elena Quinteros, los hago desaparecer para que todos nos inmovilicemos y para que todos tengamos conciencia de que a cualquiera nos puede pasar, de que nadie está libre. Ahí está el juego del terror y del terrorismo", enfatizó."Es la sociedad la víctima, somos cada uno de nosotros, nos pasó a todos", afirmó. Tras realizar un análisis desde el punto de vista de la filosofía analítica del derecho, Miranda preguntó "¿Qué se quiere decir con eso de la figura del desaparecido?"."Una tendencia que tenemos los que trabajamos con el derecho es disparar rápidamente hacia la figura de tipificación del delito", explicó. "En la tipificación penal, la desaparición forzada es, básicamente, la privación de libertad de una persona, seguida del ocultamiento de su paradero. Ese es el modelo del tipo delictual; ese podría ser uno de los significados de lo que se llama la figura. Pero además esa figura es una de las formas aplicadas de la represión", reflexionó.El profesional dijo que comparte plenamente la afirmación de que "el problema de los hijos de los desaparecidos no es la ausencia de sus padres, si no el exceso de su presencia; quiero coincidir absolutamente y vivencialmente. El fenómeno de la desaparición, en esta significación, es netamente un fenómeno de memoria, es un figurar, un no querer desarraigarlo, un involucrarlo en el discurso de la memoria".
miércoles, 22 de julio de 2009
Inauguración Ala Nibia Sabalsagaray IPA
Museo de la memoria
Intendencia Municipal de Montevideo
Departamento de Cultura
Asociación de Amigas y Amigos del Museo de la Memoria
Acto de inauguración en el Instituto de Profesores Artigas - IPA
"Nibia Sabalsagaray"
El viernes 24 de julio a las 10.30 hs. tendrá lugar en el Salón de Actos del Instituto de Profesores Artigas (Avda. del Libertador 2025) la ceremonia de inauguración de la nueva ala del Instituto, denominada "Profesora Nibia Sabalsagaray"
Es iniciativa y proyecto largamente elaborado y suscripto por la mayoría de los profesores del IPA
Se invita cordialmente a concurrir
Intendencia Municipal de Montevideo
Departamento de Cultura
Asociación de Amigas y Amigos del Museo de la Memoria
Acto de inauguración en el Instituto de Profesores Artigas - IPA
"Nibia Sabalsagaray"
El viernes 24 de julio a las 10.30 hs. tendrá lugar en el Salón de Actos del Instituto de Profesores Artigas (Avda. del Libertador 2025) la ceremonia de inauguración de la nueva ala del Instituto, denominada "Profesora Nibia Sabalsagaray"
Es iniciativa y proyecto largamente elaborado y suscripto por la mayoría de los profesores del IPA
Se invita cordialmente a concurrir
lunes, 20 de julio de 2009
museodelamemoria
Intendencia Municipal de Montevideo
Departamento de Cultura
Asociación de Amigas y Amigos del Museo de la Memoria
Seminario
"El informe Orletti. Conexión internacional"
Bazaar de las Culturas - 18 de Julio 885, 1er. piso
Viernes 24 y Sábado 25 de julio de 2009
Como parte del cierre de la muestra El informe Orletti. Conexión Internacional que se está realizando en el Museo de
Se tratarán dos temas centrales de la muestra : los Derechos Humanos examinados desde la filosofía política, el psicoanálisis y las ciencias humanas y
Apertura : Viernes 24 de julio de 2009 - 19 hs.
Palabras de bienvenida:
Victor Cunha . Director del “Bazaar de las Culturas”
Mario Delgado Aparaín . Director de la División de Artes y Ciencias de
19.30 hs. Lo humano y lo inhumano
Marcelo Viñar “En los límites de lo humano”
Hebert Gatto “Crímenes de lesa humanidad”
Enrique Rodríguez Larreta “DDHH ¿más allá del humanismo?”
Modera: Gerardo Caetano .
Sábado 25 de Julio - 10.00 hs.
primer mesa:
Javier Miranda “El terrorismo de estado y la figura del desaparecido”
Claudio Paolillo “DDHH y liberalismo”
Salvador Neves “La izquierda y los DDHH”
Modera Damián Schroeder
segunda mesa:
Manuel Flores Silva “DDHH y espacio público”
Gerardo Caetano “
Modera Enrique Rodríguez Larreta .
Seminario el informe orletti-conexión internacional
Invita: IMM - Bazar de las Culturas- Museo de la Memoria - MUME - Asociación de Amigos del MUME
Organiza : pozodeagua televisión - elinforme.larreta.org
Consultas: pozodeagua@gmail.com
Tel: 902.6739-096.537396
Centro Cultural Museo de la Memoria
Avda. de las Instrucciones 1057, casi Bvar. José Batlle y Ordoñez
Tel. (0598) (02) 355 58 91
www.montevideo.gub.uy/cultura/museodelamemoria
Líneas de ómnibus:
Por Avda. de las Instrucciones 149
Por Millán 148, 151, 526, 582
Por Bvar. batlle y Ordoñez 2, 145, 150, 195, 411, 522
Exposición "EL INFORME ORLETTI. Conexión internacional"
Visitas: martes a domingo de 12 a 18 hs.
miércoles, 15 de julio de 2009
PROYECTO DE LEY DE REPARACIÓN
Presentación de Madres y Familiares ante Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Senadores
Agradecemos el ser recibidos por ustedes.
El proyecto de ley sobre reparación integral que esta en discusión ha sido evaluado por nuestro grupo.
En principio entendemos que es una ley debida y en ese sentido es que apoyamos y promovemos su promulgación, ya que será un paso hacia el NUNCA MAS.
Para nosotros NUNCA MAS significa: nunca más Terrorismo de Estado. Ello implica tener claro:
Ø Quienes son victimas del Terrorismo de Estado
Ø Cuales fueron las violaciones cometidas
Ø Que debe reparar el Estado
Ø Cómo debe repararlo
El Estado uruguayo violó los derechos de de miles de personas en su practica del Terrorismo de Estado y esta es la razón por la cual debe reparar el daño causado.
Nuestra organización hace suyas las normas de derecho internacional que son utilizadas como herramientas para resolver las heridas producidas. Ellas son las referentes a la REPARACION INTEGRAL de las victimas.
En el ánimo de colaborar en ese proceso es que hacemos las siguientes reflexiones, las cuales dejaremos por escrito para su consideración.
Sobre la exposición de motivos de este proyecto quisiéramos destacar:
Ø La importancia del reconocimiento de la responsabilidad del Estado en dichas violaciones
Ø El hecho que por primera vez se reconozcan las violaciones en el periodo previo de la dictadura.
Ø La extensión de la reparación a los familiares
Ø El establecimiento de la obligación del Estado
Ø Así como, la enumeración de los principios aplicables en la reparación integral:
o Restitución
o Indemnización
o Rehabilitación
o Satisfacción, y
o Garantías de no repetición; así como prevención
Dichos principios, enumerados en la exposición de motivos, no han sido incorporados en su totalidad al articulado del proyecto; es por ello que consideramos que el mismo es un proyecto de ley reparatoria pero no de reparación integral.
En este sentido es que hacemos nuestros aportes con la intención de perfeccionarlo.
ALGUNAS REFLEXIONES ACERCA DEL PROYECTO DE LEY SOBRE REPARACIÓN INTEGRAL
Exposición de motivos.
Interesa destacar:
Ø Importancia del reconocimiento de la responsabilidad del Estado.
Ø Por primera vez se reconoce el periodo previo a la dictadura (1968 – 1973).
Ø Importancia del reconocimiento explícito del derecho a la reparación integral.
Ø Enumeración de los principios aplicables a la reparación integral (restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición y prevención).
Ø Extensión de la reparación a los familiares.
Ø Establecimiento de la obligación del Estado.
Capítulos I y II
Ø Respecto a los artículos 1 y 2 consideramos adecuado que, además del periodo de la dictadura (“quebrantamiento del Estado de Derecho”), se reconozca la responsabilidad del Estado por prácticas sistemáticas de violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 13 de junio de 1968 y el 26 de junio de 1973 (régimen de Medidas Prontas de Seguridad).
No parece adecuado que se refiera a las prácticas sistemáticas de determinadas violaciones de derechos humanos en el segundo periodo mencionado (artículo 2) y no se haga ninguna referencia a éstos en el periodo de la dictadura. Debe señalarse que, en particular durante la dictadura, se llevaron adelante prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada, privación ilegítima de libertad, homicidios, exilio político o destierro de la vida social.
Ø En relación al artículo 3, nos parece relevante que el Estado reconozca el derecho a reparación integral. En la redacción dada a dicho artículo del proyecto se retoma el concepto de reparación integral propuesto por Naciones Unidas. Conforme a ello correspondería integrar la Resolución de la Asamblea General 60/147. En tal sentido, al final del artículo 3 debería agregarse el siguiente texto: “, en los términos definidos en la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 60/147”.
Ø Con respecto a los artículos 4 y 5, la norma proyectada coincide en cuanto a ámbito material (vida, integridad psico-física, libertad; por móviles políticos, ideológicos y gremiales). En cuanto al ámbito geográfico de ambas disposiciones también hay coincidencias, pues se refieren a ilícitos cometidos dentro y fuera del territorio nacional. Debe destacarse este aspecto puesto que el mismo implica el reconocimiento de la coordinación represiva.
En cuanto al ámbito temporal de dichas normas, debe señalarse que el artículo 4 proyectado genera una discordancia con el artículo 1, pues en este último el periodo considerado es hasta el 28 de febrero de 1985 y en el artículo 4 es hasta el 1 de marzo de 1985.
En relación al sujeto activo de las violaciones, de acuerdo a la construcción histórica de los derechos humanos, se considera al Estado, así como a los particulares que actuaron con la “autorización, apoyo o aquiescencia” de éste.
Debe señalarse -por compatible- la utilización de la expresión “Terrorismo de Estado” que recoge el artículo 4 proyectado.
Formas de reparación
Ø En cuanto a las formas de reparación, el proyecto recoge algunas de las previstas en la Resolución AG 60/147; sin embargo deja fuera otras que deberían considerarse. Ello se subsana mediante la agregación del texto propuesto al final del artículo 3.
Ø En referencia al contenido de la restitución, si bien el artículo 6 proyectado se refiere a “otras disposiciones análogas”, nos parece relevante incorporar la referencia a las siguientes leyes: ley 18.026, de 25 de septiembre de 2006 (Cooperación con la Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el Genocidio, los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad), y la ley 18.420 de 11 de noviembre de 2008 (Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas).
Consideramos que, además, debiera tenerse en cuenta en particular el parágrafo 19 de los Principios de la Resolución 60/147.
Ø Respecto a la indemnización prevista en el artículo 11 del proyecto, debiera tenerse en cuenta el parágrafo 20 de esos Principios.
Por otra parte se sugiere revisar la coordinación de las personas mencionadas en el artículo 11 con las mencionadas en el artículo 9; la redacción de difícil comprensión y provoca confusión. Por ejemplo no queda claro a qué se refiere cuando habla de personas “en situación de desaparición forzada o que hubiesen fallecido”; esto podría interpretarse como relativo a asesinados o desaparecidos encontrados. Si es a asesinados, deberían estar diferenciados por tratarse de delitos diferentes.
Ø En materia de rehabilitación, hay que reiterar la necesidad de ajuste con el artículo 9 proyectado.
En este artículo es de resaltar la cobertura farmacológica y científica a las víctimas.
Ø En relación con la satisfacción, si bien los artículos 1, 2, 7 y 8 del proyecto recogen el reconocimiento de la responsabilidad del Estado y el Terrorismo de Estado, también es limitado, ya que no incluye fechas conmemorativas, ni la “verificación de los hechos” y la “revelación completa y pública de la verdad” como elemento de la dignificación y satisfacción conforme al parágrafo 22 de los Principios antes mencionados.
Ø Finalmente en relación a las garantías de no repetición (ver parágrafo 23 de los Principios de la Resolución 60/147) el proyecto de ley no hace mención alguna.
Ø En el artículo 18 del proyecto, además de la excepción de los artículos 8 y 9, debiera excluirse también la forma de reparación prevista en el artículo 7.
Otras disposiciones
Ø Si bien el artículo 22, tal cual está redactado no puede referirse a la acción penal (los particulares no son titulares de esta acción y por tanto no pueden renunciar a ella) convendría aclararlo a texto expreso para evitar equívocos interpretativos.
Algunas propuestas adicionales
Ø Tratándose de una ley reparatoria por graves violaciones a los derechos humanos, la indemnización debería estar exonerada de toda carga tributaria (por ejemplo IRPF).
Ø La reciente ley de creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos constituye un avance para la concreción del “NUNCA MAS”. En tal sentido, sería conveniente citarla como una forma de reparación, en tanto garantía de no repetición.
14 de julio de 2009
Representantes:
Gimena Gómez
Javier Miranda
Agradecemos el ser recibidos por ustedes.
El proyecto de ley sobre reparación integral que esta en discusión ha sido evaluado por nuestro grupo.
En principio entendemos que es una ley debida y en ese sentido es que apoyamos y promovemos su promulgación, ya que será un paso hacia el NUNCA MAS.
Para nosotros NUNCA MAS significa: nunca más Terrorismo de Estado. Ello implica tener claro:
Ø Quienes son victimas del Terrorismo de Estado
Ø Cuales fueron las violaciones cometidas
Ø Que debe reparar el Estado
Ø Cómo debe repararlo
El Estado uruguayo violó los derechos de de miles de personas en su practica del Terrorismo de Estado y esta es la razón por la cual debe reparar el daño causado.
Nuestra organización hace suyas las normas de derecho internacional que son utilizadas como herramientas para resolver las heridas producidas. Ellas son las referentes a la REPARACION INTEGRAL de las victimas.
En el ánimo de colaborar en ese proceso es que hacemos las siguientes reflexiones, las cuales dejaremos por escrito para su consideración.
Sobre la exposición de motivos de este proyecto quisiéramos destacar:
Ø La importancia del reconocimiento de la responsabilidad del Estado en dichas violaciones
Ø El hecho que por primera vez se reconozcan las violaciones en el periodo previo de la dictadura.
Ø La extensión de la reparación a los familiares
Ø El establecimiento de la obligación del Estado
Ø Así como, la enumeración de los principios aplicables en la reparación integral:
o Restitución
o Indemnización
o Rehabilitación
o Satisfacción, y
o Garantías de no repetición; así como prevención
Dichos principios, enumerados en la exposición de motivos, no han sido incorporados en su totalidad al articulado del proyecto; es por ello que consideramos que el mismo es un proyecto de ley reparatoria pero no de reparación integral.
En este sentido es que hacemos nuestros aportes con la intención de perfeccionarlo.
ALGUNAS REFLEXIONES ACERCA DEL PROYECTO DE LEY SOBRE REPARACIÓN INTEGRAL
Exposición de motivos.
Interesa destacar:
Ø Importancia del reconocimiento de la responsabilidad del Estado.
Ø Por primera vez se reconoce el periodo previo a la dictadura (1968 – 1973).
Ø Importancia del reconocimiento explícito del derecho a la reparación integral.
Ø Enumeración de los principios aplicables a la reparación integral (restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición y prevención).
Ø Extensión de la reparación a los familiares.
Ø Establecimiento de la obligación del Estado.
Capítulos I y II
Ø Respecto a los artículos 1 y 2 consideramos adecuado que, además del periodo de la dictadura (“quebrantamiento del Estado de Derecho”), se reconozca la responsabilidad del Estado por prácticas sistemáticas de violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 13 de junio de 1968 y el 26 de junio de 1973 (régimen de Medidas Prontas de Seguridad).
No parece adecuado que se refiera a las prácticas sistemáticas de determinadas violaciones de derechos humanos en el segundo periodo mencionado (artículo 2) y no se haga ninguna referencia a éstos en el periodo de la dictadura. Debe señalarse que, en particular durante la dictadura, se llevaron adelante prácticas sistemáticas de tortura, desaparición forzada, privación ilegítima de libertad, homicidios, exilio político o destierro de la vida social.
Ø En relación al artículo 3, nos parece relevante que el Estado reconozca el derecho a reparación integral. En la redacción dada a dicho artículo del proyecto se retoma el concepto de reparación integral propuesto por Naciones Unidas. Conforme a ello correspondería integrar la Resolución de la Asamblea General 60/147. En tal sentido, al final del artículo 3 debería agregarse el siguiente texto: “, en los términos definidos en la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 60/147”.
Ø Con respecto a los artículos 4 y 5, la norma proyectada coincide en cuanto a ámbito material (vida, integridad psico-física, libertad; por móviles políticos, ideológicos y gremiales). En cuanto al ámbito geográfico de ambas disposiciones también hay coincidencias, pues se refieren a ilícitos cometidos dentro y fuera del territorio nacional. Debe destacarse este aspecto puesto que el mismo implica el reconocimiento de la coordinación represiva.
En cuanto al ámbito temporal de dichas normas, debe señalarse que el artículo 4 proyectado genera una discordancia con el artículo 1, pues en este último el periodo considerado es hasta el 28 de febrero de 1985 y en el artículo 4 es hasta el 1 de marzo de 1985.
En relación al sujeto activo de las violaciones, de acuerdo a la construcción histórica de los derechos humanos, se considera al Estado, así como a los particulares que actuaron con la “autorización, apoyo o aquiescencia” de éste.
Debe señalarse -por compatible- la utilización de la expresión “Terrorismo de Estado” que recoge el artículo 4 proyectado.
Formas de reparación
Ø En cuanto a las formas de reparación, el proyecto recoge algunas de las previstas en la Resolución AG 60/147; sin embargo deja fuera otras que deberían considerarse. Ello se subsana mediante la agregación del texto propuesto al final del artículo 3.
Ø En referencia al contenido de la restitución, si bien el artículo 6 proyectado se refiere a “otras disposiciones análogas”, nos parece relevante incorporar la referencia a las siguientes leyes: ley 18.026, de 25 de septiembre de 2006 (Cooperación con la Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el Genocidio, los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad), y la ley 18.420 de 11 de noviembre de 2008 (Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas).
Consideramos que, además, debiera tenerse en cuenta en particular el parágrafo 19 de los Principios de la Resolución 60/147.
Ø Respecto a la indemnización prevista en el artículo 11 del proyecto, debiera tenerse en cuenta el parágrafo 20 de esos Principios.
Por otra parte se sugiere revisar la coordinación de las personas mencionadas en el artículo 11 con las mencionadas en el artículo 9; la redacción de difícil comprensión y provoca confusión. Por ejemplo no queda claro a qué se refiere cuando habla de personas “en situación de desaparición forzada o que hubiesen fallecido”; esto podría interpretarse como relativo a asesinados o desaparecidos encontrados. Si es a asesinados, deberían estar diferenciados por tratarse de delitos diferentes.
Ø En materia de rehabilitación, hay que reiterar la necesidad de ajuste con el artículo 9 proyectado.
En este artículo es de resaltar la cobertura farmacológica y científica a las víctimas.
Ø En relación con la satisfacción, si bien los artículos 1, 2, 7 y 8 del proyecto recogen el reconocimiento de la responsabilidad del Estado y el Terrorismo de Estado, también es limitado, ya que no incluye fechas conmemorativas, ni la “verificación de los hechos” y la “revelación completa y pública de la verdad” como elemento de la dignificación y satisfacción conforme al parágrafo 22 de los Principios antes mencionados.
Ø Finalmente en relación a las garantías de no repetición (ver parágrafo 23 de los Principios de la Resolución 60/147) el proyecto de ley no hace mención alguna.
Ø En el artículo 18 del proyecto, además de la excepción de los artículos 8 y 9, debiera excluirse también la forma de reparación prevista en el artículo 7.
Otras disposiciones
Ø Si bien el artículo 22, tal cual está redactado no puede referirse a la acción penal (los particulares no son titulares de esta acción y por tanto no pueden renunciar a ella) convendría aclararlo a texto expreso para evitar equívocos interpretativos.
Algunas propuestas adicionales
Ø Tratándose de una ley reparatoria por graves violaciones a los derechos humanos, la indemnización debería estar exonerada de toda carga tributaria (por ejemplo IRPF).
Ø La reciente ley de creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos constituye un avance para la concreción del “NUNCA MAS”. En tal sentido, sería conveniente citarla como una forma de reparación, en tanto garantía de no repetición.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
